Autopistas y la inteligente rectificación del PNV

A partir de que la transferencia desde el Gobierno español al de Lakua de los 77,5 kilómetros de la AP-68 que transcurren por los territorios de Bizkaia y Araba se publique en el Boletín Oficial del Estado, la titularidad de todas las carreteras de la CAV estará en manos vascas. En las próximas semanas el Ejecutivo autonómico hará su propia transferencia de esta autopista a las diputaciones forales concernidas, aunque hasta 2026 la concesión estará en manos de la empresa Abertis.

19/04/2019 09:15

Conocida la noticia, el paso siguiente ha sido tratar de saber cómo va a afectar a los conductores de Araba y Bizkaia que la titularidad del asfalto, los túneles y los viaductos y sobre todo de las cabinas de peaje sea de las diputaciones y no del Estado, si ello redundará en nuestros bolsillos o habremos de seguir rascándonoslos hasta agujerearlos. Y ahí es donde surgen cuestiones como si las haciendas forales trasladarán a la AP-68 la «tarifa plana» de poco más de 30 euros que Gipuzkoa y Bizkaia ya aplican en la AP-68 y la AP-1.

Vemos pues que lo de la «tarifa plana» se considera ya prácticamente un derecho consolidado de las conductoras y conductores vascos, pero habrá que recordar que no siempre fue así. Recordemos una noticia de ‘El Diario Vasco’ publicada el 27 de junio de 2013 en la que se recoge con citas textuales un comunicado del PNV que considera que la 'tarifa plana' impulsada por Bildu [en Gipuzkoa]  y aprobada en Juntas, que hace que los usuarios con Via-T paguen un máximo de 25 euros al mes, es un «factor que pone en duda el margen de financiación de Bidegi». Según aseguran, –se leía–  Bildu valoró esta tarifa plana con un «un costo global de 1,2 millones de euros al año» pero, según los datos que manejan los jeltzales, «puede suponer más de cinco millones de euros al año».

Lo que hoy se considera normal, fue una iniciativa de Bildu en la Diputación de Gipuzkoa, que el PNV aseguró que iba a arañar las arcas públicas. Luego, cuando los jeltzales volvieron al Ejecutivo foral, no solo no corrigieron aquella supuestamente ruinosa decisión del equipo de Larraitz Ugarte, sino que  cruzaron la muga entre Eibar y Ermua y a partir del 1 de enero de 2017  la extendieron al tramo vizcaino de la AP-8, haciendo pasar tan buena idea como propia con la consabida dosis de propaganda jeltzale. Y en octubre de ese mismo año, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y su homólogo guipuzcoano, Markel Olano (el que firmaba comunicados contra este proyecto de Bildu en 2013) presentaba con declaración, fotos, video y cobertura mediática una tarifa plana común entre los dos extremos de la AP-8.

Fue inteligente el PNV al rectificar su oposición al sistema de tarifa plana cuya única contraindicación, según lo demostrado, consistía en que no hubiera sido una iniciativa jeltzale sino de Bildu. Habrá que ver qué extensión hace de ella ahora en la AP-68 sin esperar al 2026, porque ya se ha demostrado que es posible introducir bonificaciones forales aunque la autopista la gestione la propia Abertis.