El exalcalde de Getaria, Mariano Camio (PNV), ha sido condenado a penas que suman cuatro años y medio de cárcel como autor de un delito continuado de administración desleal y otro de falsificación continuada en documento mercantil en el caso de la construcción del Museo Balenciaga.

Juzgado el pasado mes de abril en la Audiencia de Gipuzkoa, ha sido absuelto del delito de malversación y del delito societario en su modalidad de denegar o impedir a un socio el ejercicio de los derechos de información. Además, se le ha aplicado una atenuante por dilaciones indebidas.

Camio, que se enfrentaba a peticiones de ocho años de cárcel, fue el máximo responsable entre los años 1999 y 2007 del proyecto dedicado al modisto Cristóbal Balenciaga en su localidad natal, que en una segunda fase conllevó la ampliación del museo con un nuevo edificio anexo al palacio Aldamar, presupuestado en 4,8 millones de euros y que acabó costando 30.

El antiguo palacete que mira al mar había pertenecido a la reina Fabiola de Bélgica, que fue presidenta del comité de honor de la Fundación Balenciaga, una entidad público-privada cuyo presidente fundador fue el modisto francés Hubert de Givenchy, pero que gestionó desde el principio Mariano Camio en su cargo de vicepresidente.

A ese puesto se sumó en 2005 el de director-gerente de la sociedad Berroeta-Aldamar, integrada por el Gobierno de Lakua, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Getaria, la cual se hizo cargo de todos los contratos y adjudicaciones comprometidos por la Fundación para la construcción del museo.

«Más allá de una mala gestión»

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia señala en la sentencia de este caso que Camio tenía «amplias facultades para la administración, gestión y disposición de fondos» de ambas entidades, pero que, «a la vista de los hechos, ha quedado acreditado que fue más allá de una gestión defectuosa o una mala gestión».

Ha quedado probado que el acusado «obró a espaldas de la Fundación y de Berroeta Aldamar», que lo hizo «de forma fraudulenta beneficiando a terceros» y que su actuación «causó un grave perjuicio o un daño económico» tanto a la sociedad pública como a la Fundación.

El juez precisa que, del examen de las operaciones efectuadas por el procesado, se distinguen la existencia de «dobles contrataciones», «contrataciones de profesionales o de empresas por servicios o trabajos que no se llevaron a cabo» y «disposiciones de fondos y pagos injustificados y contrarios a los fines y a las decisiones de los órganos rectores».

El principal beneficiario de su manera de proceder fue el arquitecto cubano Julián Argilagos, sin título homologado en el Estado español, con el que el fiscal le atribuyó una «intensa relación sentimental» y que no ha podido ser juzgado por estar huido de la justicia.

Conservador, custodio, arquitecto…

A Argilagos se le nombró en 1999 conservador y custodio de todas las prendas de vestir y efectos que en su día pasarían a la colección del museo, y se le adjudicó el proyecto del construcción del museo, que se iba a desarrollar en dos fases, la rehabilitación del palacio Aldamar y la ampliación con un nuevo edificio.

En 2001, Camio suscribió en nombre de la Fundación un contrato con la empresa de Argilagos, Hemen Art, por el que esta se comprometía a elaborar un proyecto de interiorismo que nunca llegó a realizar y por el que cobró 129.380 euros, que luego el exalcalde de Getaria justificó con una factura falsa.

En ese contrato además se estableció una cláusula no habitual, según la cual en caso de incrementarse el PEM (presupuesto de ejecución material) también aumentarían los honorarios por el diseño del proyecto, del que además tuvieron que encargarse otras empresas por no estar reconocido su título, lo que dio lugar a las duplicidades de contrato.

Todos esas cantidades defraudadas las debe restituir ahora Camio en solitario al no poderlo hacer junto a Argilagos por encontrarse en rebeldía. Tendrá que abonar 426.093 euros a la mercantil Berroeta Aldamar y 43.687 a la Fundación Cristóbal Balenciaga.

En esas cifras están incluidos también 11.673 euros de gastos que el acusado cargó a las tarjetas de crédito de la Fundación Balenciaga por las reparaciones de su vehículo, por combustible y por viajes particulares, incluidos algunos a Miami, donde Argilagos estableció su residencia posteriormente y desde donde Camio le permitía dirigir las obras sin el conocimiento de las entidades gestoras.

Esta situación llevó a contratar como sustituto al arquitecto Rolando Paciel, que tampoco tenía reconocido su título, y que ha sido juzgado en este procedimiento por un delito de intrusismo del que ha sido absuelto.