En el juicio por estos hechos, que tendrá lugar el próximo setiembre en un Juzgado de lo Penal de Donostia, también se sentará en el banquillo el administrador de la sociedad Glass Costa Este Salou, quien se enfrenta a la misma petición de pena por parte del Ministerio Público, que reclama a ambos casi 1,4 millones de euros más los correspondientes intereses legales.

El abogado del Estado, que ejerce la acusación particular en representación de la Agencia Tributaria, eleva a nueve años de cárcel su solicitud de condena para los procesados, incluye a un tercer encausado como cooperador necesario, y demanda a todos ellos una compensación solidaria de 1,8 millones más los intereses generados.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, el exsenador Bravo y el administrador de Glass Costa Este Salou habrían «planificado» la forma en la que esta firma tarraconense «pudiera disfrutar ilícitamente del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa» con «considerables ventajas fiscales» para los inculpados.

Para ello, resultaba «ineludible» que la compañía tuviera su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano y que la Hacienda foral le concediera «formal y expresamente» el «Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas», entre otras condiciones.

Por estos motivos, estos dos acusados, según el relato del Ministerio Público, «pernearon» junto al tercero, «una estrategia con el fin de burlar» los requisitos y simular que el domicilio fiscal de la firma y el de su administrador se encontraban en Gipuzkoa.

La Fiscalía aclara, en este punto, que Víctor Bravo, en su condición de director de la Hacienda guipuzcoana entre los años 1991 y 2003, «conocía a la perfección la normativa fiscal aplicable en el territorio y los medios necesarios para conseguir» este fin. De esta manera, los encausados crearon la «fachada o apariencia» de que el domicilio de Glass Costa Este Salou y de su administrador único estaban en Gipuzkoa.

En concreto, uno de los domicilios de la compañía se ubicó en el despacho de asesores del tercer acusado, situado en Donostia y que -según la Fiscalía- constituía «un auténtico nicho de empresas» donde había domiciliadas «al menos otras 81 sociedades mercantiles», mientras que el administrador de Glass Costa Este Salou hizo constar como su residencia dos inmuebles pertenecientes a Bravo.

De esta manera, los procesados presuntamente consiguieron que la compañía tributase por el Impuesto de Sociedades ante la Administración guipuzcoana y «no bajo la normativa estatal», lo que le otorgó «cuantiosos beneficios económicos» al realizar distintas operaciones de «reestructuración empresarial» al «amparo de la normativa fiscal de Gipuzkoa», según la Fiscalía.

Bravo rechaza las acusaciones

Por su parte, Víctor Bravo, quien ocupó su cargo de senador entre 2004 y 2007, rechaza las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y la acusación particular, ya que, según recoge su escrito de defensa, Glass Costa Este Salou se constituyó «con capital íntegramente guipuzcoano» y la fijación de su domicilio mercantil fue «el correcto» sin que el exdirector de la Hacienda guipuzcoana «jamás» formara parte de su Consejo de Administración.

Entre otros argumentos, Bravo recalca también que él «no facilitó la comisión de delito alguno en su calidad de director de Hacienda», ya que «no tenía competencias de gestión ni de inspección» y no existe «indicio alguno» de que haya intervenido «en la concesión del Régimen Fiscal Especial» a la citada compañía, además de no haberle facilitado ninguna «hipotética simulación de su domicilio» fiscal.

En el año 2012, La Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó a once años de prisión y a diferentes penas de inhabilitación y multas al exdirector de la Hacienda de Irun y hermano de Víctor Bravo, José María Bravo. El tribunal le consideró responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes. Víctor Bravo dimitió como senador precisamente en 2007 tras conocer la imputación de su hermano.