Un año y un día después de su presentación en el Parlamento, como ha recordado el jeltzale Joseba Zorrilla, se ha aprobado hoy la quinta reforma de la Ley de Policía, con el apoyo de los partidos del Gobierno y el PP. Desde la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han denunciado que el texto se ha presentado sin un debate real, poniendo sobre la mesa de la Ponencia el acuerdo que ya habían alcanzado los tres partidos. Julen Arzuaga ha felicitado a la parlamentaria del PP Nerea Llanos por haber conseguido que la ley se escorara hacia sus posiciones que en buena parte han sido las de «enlace sindical» de las peticiones económicas de los ertzainas.

Un nutrido grupo de representantes sindicales de la Ertzaintza han estado presentes en el Pleno. Además de saludarles, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha expuesto que antes se manifestaban ante el Parlamento y ahora se encontraban dentro apoyando la ley, porque entiende que todas sus protestas se limitaban a conseguir unos complementos retributivos, que les dan ventaja sobre otros funcionarios, que no se sabe cuánto van a costar al erario y que no están acompañados de una memoria económica.

El debate en el pleno se ha desarrollado en términos clásicos. Los portavoces de PNV, PSE y PP han acusado a EH Bildu de tener animadversión hacia la Ertzaintza y a Elkarrekin Podemos de tener un modelo policial «idílico» e irrealizable. Especialmente virulenta ha sido la intervención de Txarli Prieto, del PSE, atacando personalmente a Julen Arzuaga, al que ha acusado de hacer críticas legalistas del texto para ocultar sus verdaderas pretensiones.

Y es que Arzuaga ha puesto sobre la mesa dos cuestiones que habrá que ver qué recorrido tienen. Por un lado, ha recordado que el artículo 120 de la ley a aprobar recoge que «cuando un ayuntamiento tenga necesidad de cubrir puestos de trabajo de forma urgente y temporal en las diferentes categorías de los cuerpos de la Policía Local podrá (…) nombrar interinos». Precisamente esta semana se ha conocido una sentencia del Tribunal Supremo que es ilegal recurrir a trabajadores eventuales para ejercer «labores de autoridad». También Lander Martínez, de Elkarrekin Podemos, ha incidido en este punto, pidiendo incluso que se pospusiera la aprobación de la ley para corregir este punto.

Sin embargo, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha quitado trascendencia al asunto. Sostiene que, por un lado, la aprobación de la ley puede servir de apoyo a los ayuntamientos de aquí en adelante, porque el Supremo hablaba de que no había una ley autonómica sobre la materia. En todo caso, la consejera ha reconocido que si existiera un problema entre la ley y la sentencia del TS, el artículo podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, que decidiría.

Julen Arzuaga también ha dado a conocer que en al menos dos artículos la ley no dice lo mismo en euskara y en castellano en puntos, por ejemplo, sobre la consideración de «funcionario público» (en  el texto en euskara) o «funcionario de carrera» (en castellano) de los agentes policiales. Preguntada al respecto, la consejera ha respondido que serán «los servicios jurídicos de la Cámara» los que deberán solventar esta diferencia. No ha podido responder a si la redacción correcta era la de euskara o castellano, por no conocer el contenido textual de los artículos aludidos.