El Aita Mari vasco anunció la pasada semana su intención de volver al Mediterráneo este fin de mes (desde junio está anclado en Pasaia), pero entre medio se ha agravado la persecución contra este tipo de iniciativas, incluida seria amenaza de sanciones y bloqueo total al Open Arms en el Estado español.

Mijangos ha señalado en cualquier caso a Efe que la vicepresidenta del Gobierno español en funciones, Carmen Calvo, «no ha dicho nada que no se supiese ya», en referencia a la advertencia que efectuó este miércoles, durante una entrevista en la Ser, sobre las consecuencias que puede acarrear la actuación del barco que, tras permanecer 20 días en alta mar con 160 inmigrantes rescatados, desembarcó el pasado martes en Lampedusa (Italia).

La multa al Open Arms, que no cuenta con permiso para realizar labores de rescate, podría ir desde los 300.000 a los 901.000 euros, según avisó la Marina Mercante –dependiente del Ministerio de Fomento– a la ONG catalana en una carta el pasado 27 de junio.

{Son riesgos que el Open Arms tenía asumidos, tanto el capitán del barco como Óscar Camps (fundador de la ONG) sabían que existía esa exposición legal» y «así lo hicieron público cuando declararon aquello de 'antes presos que cómplices», ha señalado Mijangos en alusión a un mensaje que publicó el propio Camps en su cuenta de Twitter a finales de junio.

El presidente de SMH ha indicado que «las anotaciones y observaciones del despacho» -la comprobación, por parte de la Administración marítima, de que los buques cumplen con la normativa- que tienen el Open Arms y el Aita Mari «son copia una de la otra» y en ellas «se deja clara la necesidad de que haya un acuerdo con las autoridades concernientes para facilitar el desembarco de las personas».

No obstante, Mijangos opina que dicho acuerdo «es una responsabilidad que le corresponde al Estado» y que «no se puede exigir a los ciudadanos, menos aún cuando van a prestar ese tipo de ayuda, que sean ellos los que tengan que articular ese desembarco».

El Aita Mari, en este contexto, continúa trabajando para zarpar del puerto de Pasaia el próximo 27 de agosto rumbo al Mediterráneo. «Ahora vamos a solicitar el despacho y, a la vista de lo que respondan, actuaremos en consecuencia, pero siempre dentro del marco de la ley», asegura el presidente de SMH.

Mijangos ha asegurado que, aunque ciertos sectores les han pedido muchas veces «actuar con desobediencia», para la ONG es «una coherencia obligada cumplir la ley», ya que es lo que ellos mismos están pidiendo.

Tanto el atunero vasco reconvertido en barco de salvamento como la nave del Open Arms disponen solo de «licencia para ayuda humanitaria, para transporte de víveres», señaló la vicepresidenta Calvo el miércoles.

Recalcó que estas oenegés no tienen permitido «realizar operaciones de búsqueda y salvamento», ni «efectuar navegaciones con tal propósito», según alertaba la carta que envió la Marina Mercante al capitán del Open Arms hace dos meses, aunque sí pueden llevar a cabo rescates «de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque», cumpliendo lo dispuesto en la normativa internacional o estatal sobre salvamento marítimo.