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Reclaman a Diputación que «no sacrifique» el disfrute general de Ulia para contentar a los cazadores

Centros escolares, clubes de montaña, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas y otros colectivos –cerca de la treintena– han suscrito un manifiesto conjunto en el que critica que la Diputación de Gipuzkoa haya levantado la prohibición de cazar en el monte Ulia –entre Pasaia y Donostia– que estaba vigente desde el año 2014.

Puesto de caza en Ulia.
Puesto de caza en Ulia.

La institución foral ha dado esta semana luz verde a que las escopetas vuelvan a ser disparadas en este entorno, en el marco del convenio suscrito con la Federación Guipuzcoana de Caza para poner punto final a la huelga que los cazadores mantenían desde hace seis meses, y que había causado un repunte en la población de jabalíes y corzos.

La Diputación apuntaba que se ha visto obligada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que el pasado julio estimaba el recurso presentado por los cazadores en contra de la prohibición.

No obstante, en principio responsables forales aseguraron que modificarían la normativa para evitar que la actividad cinegética retornara a este entorno. Finalmente la cuestión parece haber sido usada como moneda de cambio para alcanzar un acuerdo.

En una nota suscrita por cerca de una treintena de entidades –entre ellas Herri Ametsa Ikastola y el Colegio San Luis, cuyas instalaciones están ubicadas en este monte–, se denuncia que la Diputación se muestra «dispuesta a sacrificar la seguridad del conjunto de usuarias y usuarios» y revierte la prohibición «como contrapartida» para que la Federación de Caza firme el convenio.

En el texto se recuerda que miles de personas utilizan Ulia como lugar de ocio y esparcimiento, y que por sus laderas trascurren senderos como el Camino de Santiago, Talaia o la Vuelta a Gipuzkoa. En su día, se remarca, fueron los plenos de los ayuntamientos de Donostia y Pasaia los que impulsaron el proceso que desembocó en la prohibición de la caza.

Por ello, estas asociaciones y entidades reclaman a la institución foral que «no sacrifique en ningún caso los derechos del conjunto de la ciudadanía en beneficio de un colectivo particular», manteniendo Ulia como «un parque seguro y para todos».