El Tribunal ordena la suspensión de la vigencia y aplicación de los artículos 1.2.g y 24 de la ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso (12 de agosto de 2019) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, según informa el Constitucional en un comunicado. En conjunto afecta al artículo 1 (apartados 1.c y 2.g), 11.7, 23.3, 24 y 27.1

Asimismo, se ordena que se dé traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de Nafarroa para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

El Gobierno considera que la ley navarra puede vulnerar los artículos 149.1.18 y 149.1.29 de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de «bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos» y de «seguridad pública».

Contenido del recurso

En el recurso del Gobierno de Sánchez se solicita de ese Tribunal la suspensión de lo que hace referencia a los «auxiliares de Policía Local», al entender que puede afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de seguridad pública. Añade que se permite a las entidades locales contratar de manera temporal a interinos con la denominación de «auxiliar de Policía Local» y con la condición de agentes de la autoridad, lo que supone un precepto inconstitucional.

De otro de sus artículos, el Gobierno español considera que puede colisionar con la competencia estatal en materia de seguridad pública, recogida en la Constitución, ya que no habla solo de las Policías de Nafarroa sino que la referencia es más amplia y alude a «las distintas Policías existentes», lo que incluiría a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que también operan en el herrialde.

Sobre la posibilidad de la delegación de competencias de la Policía Local a una entidad supramunicipal, cree que vulnera la LOFCS y que ya ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional, según la referencia.

Permite además extender la actividad de los cuerpos de Policía Local al territorio de la entidad local supramunicipal creada por ley foral, «desbordando así los límites territoriales de actuación contemplados en el precepto orgánico», afirma.

También considera inconstitucional incorporar la posibilidad de que los policías locales pueda ejercer sus funciones sin vestir el uniforme.