Unos cambios realizados por el Gobierno foral mediante un decreto y que, en opinión de la primera fuerza de la oposición, no son legales. Ante esos hechos, EH Bildu ha solicitado que el Ejecutivo de Unai Rementeria dé marcha atrás.

Hasta la propia secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha acusado al diputado general de Bizkaia de «falta de honestidad» por la reforma fiscal y le ha pedido que rectifique.

Además, advierten los soberanistas de izquierdas, los cambios «realizados con escasa transparencia» afectan de manera directa a la capacidad legislativa de las Juntas Generales.

«Ese cambio que el Gobierno ha realizado de manera unilateral afecta a la principal competencia de las Juntas Generales. Nos han hurtado la posibilidad de debatir y decidir. Han optado por hacerlos sin debatirlo ni acordarlo con nadie», ha subrayado la juntera Arantza Urkaregi.

Urkaregi también ha recordado que «el Gobierno foral no ha argumentado la razón para retirar el límite de los 300.000 euros. No han dado ninguna razón para realizar el cambio y, por otra parte, no hay constancia de ningún informe económico que detalle cuál va a ser el efecto que va a tener en la recaudación».