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El Parlamento navarro tumba una propuesta de NA+ sobre el IRPF de las madres

El Pleno del Parlamento de Nafarroa ha rechazado, con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto a favor de Navarra Suma, la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación parcial del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en relación a la devolución de tributaciones por maternidad.

Imagen de archivo de una manifestación de las madres por las calles de Iruñea. (Idoia ZABALETA/FOKU)
Imagen de archivo de una manifestación de las madres por las calles de Iruñea. (Idoia ZABALETA/FOKU)

La proposición de Ley impulsada por Navarra Suma tenía por objeto «modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para, con efectos desde el 1 de enero de 2015, incluir como exención las prestaciones públicas por maternidad y paternidad».
 
En la exposición de motivos, se instaba a «remover la interpretación de la Hacienda Tributaria de Navarra», por considerar que la no aplicación de la exención por maternidad implica un «agravio comparativo». En relación al carácter retroactivo, se alegaba que, amén de «más favorable» para los interesados, «no está prohibido» por la Ley Foral 13/2000 General Tributaria.
 
La oposición de PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E, que han hecho suya la no conformidad del Gobierno, ha impedido la toma en consideración de la citada proposición de Ley, a la que también se ha opuesto EH Bildu.
 
Todos los grupos han aludido a las demandas interpuestas para la devolución del IRPF por maternidad, recientemente desestimadas por entender la magistratura que «el legislador navarro quiso excluir como exentas del IRPF las prestaciones por maternidad», por considerar que la doctrina que el Tribunal Supremo fijó para Estado «no es aplicable en la Comunidad Foral debido a su autonomía tributaria» (Convenio Económico, artículo 1) y por apreciar que las dos normas que regulan el impuesto «no son homólogas».
 
El Gobierno de Nafrroa apunta en su informe de no conformidad que «consecuencia de esa autonomía fiscal es la actual deducción en la cuota diferencial por prestaciones de maternidad y paternidad», circunstancia no contemplada en la proposición de Ley, que de salir adelante «conllevaría la aplicación simultánea de una doble minoración, la señalada en la proposición y la prevista en la Ley».
 
Finalmente, el Ejecutivo navarro invoca «razones de índole presupuestaria» al estimar el coste anual de la exención en 7.799.883 euros, lo que supone unos 39 millones en cinco ejercicios, seis más si se le añade el coste de la prestación por paternidad.

NA+ se queda sola

El rechazo se ha producido por 30 votos en contra, de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, frente a 20 a favor, de Navarra Suma, tras la defensa de la medida por parte de Marta Álvarez, quien ha sostenido que su aprobación se trataría «de una cuestión de igualdad».

Álvarez ha señalado que la sentencia del Supremo español, que establece la exención de las prestaciones de igualdad, ha cambiado la situación «radicalmente», y ha hecho un llamamiento a la modificación, puesto que «los padres navarros no pueden estar peor que el resto de padres del país».

Ha insistido en que se trata de «una situación de igualdad» y que, amparándose en la última sentencia del TSJN en materia de IRPF, es «el legislador navarro quien tiene la facultad de legislar» en esta materia, y, además «destapa las mentiras del gobierno de Uxue Barkos» puesto que «sabiendo que era una situación política, envió a las madres a los tribunales».

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz se ha remitido al autogobierno, sobre el que ha pedido «hacer gala», y ha acusado a la formación de Navarra Suma de «abandonar su defensa» puesto que están «doblegados a los partidos que quieren eliminar el sistema foral».

Alzórriz ha calificado la propuesta de Navarra Suma de «imposible» y de «engaño a las madres y padres navarros» y ha indicado que la situación actual tiene «dos diferencias» respecto a la situación en el año 2018, que son «la ley 20/2018, aprobada por el Parlamento, y la sentencia del TSJN», ha citado, a la que ha llamado a «respetar».

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha insistido en el autogobierno navarro y en que «la capacidad normativa de Navarra es distinta de la capacidad del Estado», al tiempo que ha abierto la posibilidad de «estudiar cualquier otra proposición que no comprometa la seguridad jurídica».

Para EH Bildu «no hay derecho subjetivo a la exención», según ha indicado Adolfo Araiz, al tiempo que ha declarado que no se trata de «una cuestión de igualdad» ya que hay «un tratamiento distinto porque hay competencias jurídicas distintas».

En el caso de Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil ha reducido su intervención a declarar un «evidente no» puesto que, ha considerado, «Navarra Suma deja en evidencia que es una artimaña electoral».

Por último, Marisa de Simón, de I-E, se ha remitido a la ley 20/2018, «una ley más justa fiscalmente con los padres navarros», puesto que se trata de «una legislación progresiva», al tiempo que ha resaltado «la autonomía jurídica que otorga el autogobierno y permitió decidir un sistema fiscal más redistributivo».