En el caso se encuentra personada como acción popular la Asociación en Defensa de los Derechos de los Animales y su Legislación, Animal-Lex, que solicita para el procesado la misma condena que el Ministerio Público. Además, de la pena de prisión, ambas acusaciones demandan también cuatro años de inhabilitación «para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con los animales y para la tenencia de animales».

Los hechos, que serán enjuiciados en un Juzgado de lo Penal de Donostia, se produjeron en el año 2017, cuando, según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía, el inculpado «habría dejado de dispensar alimento sólido a las reses» que formaban parte de su explotación ganadera.

Una situación que se habría prolongado dos meses, durante los que «resultó imposible que los animales se alimentaran por sí mismos, ya que estaban estabulados y carecían de medios automáticos» que les dispensaran alimentos.

Tanto el Ministerio Púbico como la asociación Animal-Lex consideran que estos hechos son constitutivos de un delito de maltrato animal.