NAIZ

El papel (no) jugado por Urkullu en «El desarme. La vía vasca»

El libro ‘El desarme. La vía vasca’, escrito por el historiador Iñaki Egaña, es sin duda el relato más completo y pormenorizado de aquel complejo proceso. A los largo de sus más de 300 páginas cuenta también el papel del lehendakari Iñigo Urkullu y su equipo más cercano, de nuevo de actualidad por el informe publicado por su Gobierno al respecto. A continuación NAIZ recoge alguno de los párrafos más interesantes de este libro sobre el papel de Urkullu.

Portada de las ediciones en castellano y euskara del libro ‘El desarme. La vía vasca’.
Portada de las ediciones en castellano y euskara del libro ‘El desarme. La vía vasca’.

(...) Las relaciones más complicadas [de los artesanos] fueron con Lehendakaritza. Las partes así lo reconocen al citar los puntos de fricción, aunque sin entrar en detalles de unas reuniones que, al parecer, resultaron algo broncas. Los artesanos han preservado, en este y otros casos, la información más comprometida de sus contactos para no perjudicar posteriores iniciativas u oportunidades para abordar la solución de las consecuencias del conflicto.

En cualquier caso, los puntos de discrepancia de Lakua respecto al plan del desarme tampoco eran un secreto, independientemente de los modos o intensidad con las que eran expuestos por el representante autonómico en las reuniones celebradas antes del 8 de abril con los artesanos.

El Gobierno de Urkullu ponía en cuestión que fuera posible ejecutarlo tal cual por distintos motivos. Además, como telón de fondo, el mundo jeltzale utilizaba ya públicamente un argumento por el que el planteamiento del desarme vía sociedad civil solo podía calificarse de inviable. Era la espada de Damocles que aparecía en los medios españoles y a la que daba crédito: los zulos de ETA estaban controlados por la Guardia Civil o la DGSI. Lo había escrito crudamente Koldo Mediavilla, dirigente del PNV, inmediatamente después de las detenciones de Luhuso en su blog: «He llegado a la convicción de que los servicios policiales de España y Francia conocen perfectamente dónde están escondidas las armas que aún ETA posee. Saben dónde se encuentran ocultas. Cuatro, cinco o seis almacenes perfectamente vigilados –aquí y allá–, balizados a la espera de que alguien los pretenda desprecintar y vaciar. Trampas custodiadas a la espera de que el ratón busque su queso». En la relación de Lakua con el Gobierno español, este había logrado que el mundo jeltzale se convirtiera en su vehículo para una particular guerra de nervios de presión hacia quienes intentaban vehicular el desarme fuera de la lógica meramente policial.

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Tras los primeros contactos, Jonan Fernández, portavoz del lehendakari Urkullu, tuvo esa mañana la reunión más importante con los artesanos desde las detenciones de Luhuso. Como era habitual, se desplazó hasta Baiona. Fue una reunión difícil. Fue la primera vez que los artesanos sacaban de su círculo de confianza, aunque fuera en privado, la fecha prevista para el evento, sin desvelar el medio en el que la harían pública. Revelaron, asimismo, el formato de la jornada: voluntarios en los zulos y un acto dividido en dos partes, la primera institucional, la segunda para dar cabida a la sociedad civil.

El representante del Gobierno Vasco se opuso a la propuesta, tal como ha reconocido él mismo en diferentes ocasiones y también en la entrevista realizada para este libro: «No nos parecía bien que los actos de celebración, los actos políticos y sociales del desarme, se celebraran el mismo día en que se producía el hecho del desarme. Éramos partidarios de que se hubieran hecho uno o dos días antes, y había condiciones para hacerlo. Y nos parecía también que toda la parafernalia de los voluntarios en los zulos sometía el proceso a un riesgo, porque simultáneamente estábamos hablando con las autoridades francesas y nos decían que eso era una locura, que eso iba a obligar a la Policía francesa a actuar, que se olvidaran de voluntarios, que eso no tenía ni pies ni cabeza».

El hecho de que se anunciara la fecha fue el primer punto de discordia, pues para Fernández «someter el desarme a una presión pública durante varias semanas era ponerlo en un riesgo terrible». Los artesanos estaban dispuestos a echarse atrás en esta cuestión si el Gobierno francés se prestaba a un proceso discreto de acuerdo, pero ese paso, a pesar de los mensajes cruzados, aún no se había dado. De hecho, el anuncio de la fecha fue determinante para que dicha negociación se produjera, después de que en París, tras el efecto de Luhuso, las cosas habían comenzado a cambiar. Una realidad que Lakua no percibía.

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El Gobierno de Urkullu desconocía cómo se estaban moviendo los hilos en la trastienda. Su fuente principal no era cercana al Ejecutivo francés, sino que, según confirman fuentes del socialismo galo entonces en el gobierno, correspondía a otros estamentos del Estado. Unos estamentos relacionados con la lucha “antiterrorista” y, más concretamente, con la coordinación con el Estado español. El problema no era que su contacto les intoxicara, ni mucho menos. Simplemente les exponía la visión que en ese momento había en su ámbito. Por decirlo de una forma gráfica: si se le preguntaba qué pasaría si unos civiles aparecían custodiando grandes depósitos de armas, la respuesta no podía ser otra que la de que la Policía se vería obligada a actuar. Esos estamentos se movían aún dentro de los márgenes marcados por los informes policiales que se resistían a asumir Luhuso y la transmisión española que seguía intentando boicotear el proceso y el acto del desarme. Nada constaba de los movimientos del gobierno Cazeneuve. Beber hasta saciar la sed de esas fuentes fue una elección de Lakua, ajena a las señales que recibía de sus conciudadanos de Ipar Euskal Herria. Así que los movimientos de Lakua estuvieron condicionados por su falta de información veraz y por la gestión de su protagonismo, no suficiente según su opinión.

Los puntos de crítica al plan de los artesanos eran compartidos por la representación del Gobierno navarro, aunque quizá con menos vehemencia e intensidad. También es cierto que Lakua se había significado más en esta cuestión en los últimos años. A su vuelta de la capital labortana, esa misma tarde del 12 de marzo Jonan Fernández se reunió con el lehendakari Urkullu para preparar los próximos movimientos. Uno de ellos, importante, el del relato. Desde el despacho de Lehendakaritza, Urkullu llamó a Rajoy, apurándole para una entrevista urgente con el tema del desarme como estrella para el encuentro. El martes 14, Rajoy recibía a Urkullu en La Moncloa. El objetivo confesado era trasladar al presidente español la fecha y los detalles del desarme que iba a efectuar ETA, ya que el presidente español, según testimonio de Fernández, sabía algo, pero tenía «informaciones difusas, inconcretas» al respecto.

También en la misma línea, Urkullu se había propuesto otros tres objetivos en su encuentro con Rajoy antes del anuncio de los artesanos en “Le Monde”. Siempre según Jonan Fernández, dos de los objetivos los consiguieron, no así el tercero. El primero se trataría de que a través de Rajoy y del propio contacto del Gobierno Vasco en París, los franceses «dejen hacer». El segundo, que España «no impida». Y el tercero, el que supuestamente Urkullu no logró, fue que el Gobierno francés abriera un canal de comunicación en ese momento con los artesanos. Realmente, sí se abrió. Dos días más tarde, sin estos detalles y con un tono amable, el Ejecutivo vasco filtró la noticia del encuentro Urkullu-Rajoy al grupo Vocento, “El Diario Vasco” y “El Correo”.

Sin embargo, las informaciones que provenían del Gobierno de Hollande, como las de los mediadores socialistas franceses y otros protagonistas –entre ellas Jean-René Etchegaray–, o las de los propios artesanos no coinciden con las filtradas en su momento al grupo de comunicación Vocento.

De manera oficial, Rajoy estaba al corriente de las previsiones sobre el desarme de ETA y de la postura de “laissez-faire” del Gobierno francés desde al menos la Cumbre de Málaga del 20 de febrero, es decir 22 días antes de la información aportada por Fernández. Tampoco es cierto que los artesanos no tuvieran contactos con el Gobierno francés. Los tuvieron y habituales. Desde la perspectiva del sur no se llegaba a comprender las potenciales relaciones, directas o a través de cargos insitucionales de Ipar Euskal Herria totalmente comprometidos, que pudieran tener los artesanos, quizá por su imagen tan poco convencional para las relaciones políticas al uso entre representantes institucionales al sur del Bidasoa. Tampoco es cierto que Madrid influyera en París, sino que fue al revés. El Elíseo comunicó a La Moncloa cuál iba a ser su postura, favorable. Y lo hizo a través de sus canales habituales. Incluso en las reuniones técnicas, París se comprometió a que no hubiera injerencias de la Policía española el día del desarme y los previos.

Jonan Fernández siguió moviéndose de una manera audaz para un tema tan espinoso y delicado como era el del desarme. Con la intención de evitar que se produjera en los términos acordados por los artesanos. El 23 de marzo (ya celebrada la Cumbre de Málaga) llamó a Rufi Etxeberria, a quien convocó a una reunión en el hotel Palacio de Aiete, a pocos metros precisamente de donde unos años antes se había realizado la famosa declaración. Fernández trasladó a Etxeberria un ruego, que intentara frenar a los artesanos y su proyecto de desarme para el día 8. Etxeberria, que representaba el sentir de la izquierda abertzale, le respondió que su opción era justamente la contraria, materializar el desarme y que no habría institución española, francesa o autonómica capaz de paralizarlo. Fernández no quería que el acto institucional y el acto popular se produjeran en la misma jornada, ni tampoco que hubiera voluntarios en los zulos. Seguía influenciado por su ideal de recibir las localizaciones de los zulos para trasladarlos a las fuerzas policiales.

El intento de Fernández fue una auténtica sorpresa, porque solo unos días antes Lakua había dado luz a una nota institucional en la que en su cuarto apartado decía textualmente: «El Gobierno Vasco considera que se dan condiciones para explorar esta posibilidad de desarme final de ETA. Desde este punto de vista, estará atento y vigilante a su evolución. El Gobierno Vasco hará todo cuanto esté en su mano para que llegue a buen puerto, aun y cuando no todo esté en su mano».

Junto a los zulos, los inventarios o, mejor dicho, el inventario completo era otra de las preocupaciones de Lehendakaritza. Urkullu se reunió en persona con Manikkalingam las jornadas previas al desarme. El lehendakari quería tener el inventario del material. El verificador no podía complacerle, pues solo contaba con lo que había recibido tiempo atrás, el material que había sido sellado dentro de la operación “Giltzarrapo”. Los listados de las dos partidas sin inventariar, según confirman distintas fuentes, llegaron pocas horas antes del día 8, redactados de una forma muy rudimentaria. Los documentos oficiales, con el sello de ETA, llegaron cuando ya había terminado la labor de los artesanos en los zulos. ETA estaba operando a contrarreloj, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que hiciera llegar el día mismo del desarme una misiva de reconocimiento por su labor a los fedatarios Zuppi y Good. Otro dato se comentaba en algunos corrillos en la zona de Saint André de Baiona el histórico día: a ETA le había llegado una sugerencia de personas cercanas para colocar en las calles de Baiona anagramas de la organización. La respuesta, relataban, fue inmediata: «En ningún caso, de ninguna manera». Todo seguiría el curso marcado por la sociedad civil.

Aunque Manikkalingam hubiese querido, no habría podido satisfacer a Urkullu, quien para entonces ya sabía que tampoco tendría acceso a la localización de los zulos, uno de sus objetivos en su plan para servir de puente con las autoridades francesas. Esas circunstancias hicieron que tomara aún más distancia respecto al día 8, pese a los intentos del alcalde de Baiona para que participara en el acto institucional de la mañana.

El 14 de abril de 2017, Humberto Unzueta publicaba en el diario “Deia” un artículo titulado «La trastienda de un desarme atípico y rocambolesco», dedicado, precisamente, a destacar tres aspectos: la calidad del contacto de Urkullu en Francia, la influencia del lehendakari en las últimas semanas del proceso para que concluyese de forma exitosa, y la ascendencia de Urkullu sobre Rajoy: «Tras el encuentro entre Urkullu y Rajoy, la línea entre Madrid y París se activa. En paralelo, el Gobierno Vasco trabaja con su enlace en el Gobierno de Hollande –su rango es guardado bajo siete llaves por el Ejecutivo de Urkullu para no quemarlo de cara a futuras necesidades– para reforzar los mensajes del gabinete de Rajoy en el sentido de propiciar la entrega. El Elíseo comprueba que los astros se alinean y que hay garantías para adoptar también la posición de ‘dejar hacer’ sin quebrar la unidad de acción con el Gobierno español que siempre ha mantenido en la lucha antiterrorista».

El principal problema que tuvo esos días el Gobierno de Urkullu fue de interpretación. Interpretó incorrectamente los datos que le ofreció su contacto en Francia. Interpretó incorrectamente también el término sociedad civil, que fue más allá de los artesanos y que englobó a buena parte de la sociedad de Ipar Euskal Herria. Hasta el máximo representante jelkide, Paco Arizmendi, era un artesano más. Y minimizó el poder de movilización, que dio su fruto con la creación de la Mancomunidad Vasca. Y, sobre todo, interpretó erróneamente la posición, movimientos y contactos de los portavoces de los artesanos, a los que consideraba unos meros activistas. La falta de credibilidad que Urkullu otorgó a los artesanos le obligará, cuando se aperciba de su error, a maniobrar para escribir su propio relato.

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En Hego Euskal Herria, sin embargo, se produjo una reunión en la que se marcaron algunos puntos de tensión, auspiciados por cuestiones de protocolo, lo que en lenguaje popular quiere decir protagonismo. El 5 de abril de 2017, tres días antes de la fecha indicada para el desarme, ocho personas se reunían discretamente en una delegación de la empresa Neiker-Tecnalia, en Arkaute, cerca de Gasteiz y al lado del cuartel general de la Ertzaintza.

Se trataba de los representantes de las tres instituciones administrativas que configuraban Euskal Herria. Dos de ellas, producto de la transición española, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, y otra, de la reorganización regional francesa que desde 1997 la reconocía geográficamente como País Vasco y desde el primero de enero de 2017 como una Mancomunidad. El lehendakari Urkullu asistió apoyado en Jonan Fernández, su director de Paz y Convivencia; la presidenta navarra Uxue Barkos con Álvaro Baraibar, director también del departamento de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y Jean-René Etchegaray, presidente de la Mancomunidad Vasca, junto a su jefe de gabinete, Marc Amestoy. Ram Manikkalingam y Juan Garrigues completaron la mesa del encuentro.

La reunión fue tensa, con posiciones distantes y largas discusiones, según relatan sus asistentes. Urkullu hizo gala otra vez de su desconfianza y llamó soñador al alcalde de Baiona, algo parecido a lo que ya hiciera tiempo atrás con los facilitadores internacionales. Las discrepancias se manifestaron en el supuesto protagonismo que adquiriría la izquierda abertzale en una jornada de esas características y en el tratamiento de las víctimas, al entender los ejecutivos de Iruñea y Gasteiz que el acto popular de Baiona podría malinterpretarse. La reunión no fue bien o, al menos, se perdió una ocasión. Aunque entonces nadie lo verbalizó tajantemente, la opción de que los tres mandatarios estuvieran en el acto institucional del Ayuntamiento de Baiona el día 8 se esfumaba. Incluso la información sobre la reunión de Arkaute, convocada inicialmente como un encuentro discreto, fue extraña. Se hizo dos días más tarde, el día 7, justo la víspera de la histórica cita. Fue Lakua el primero en hacer público el encuentro mediante una nota que, seguidamente, difundirían también las otras dos instituciones. Las fotografías y vídeos del encuentro ofrecidos por Lehendakaritza pudieron dar una imagen de acuerdo que, realmente, no se produjo. A Etchegaray le había incomodado esta cuestión, pues había acudido al encuentro sobre todo a hablar de contenidos, antes que buscar una foto que pudiera llevar a equívoco.

Pasado ya el día del desarme, el 10 de abril, la periodista Bénédicte Saint-André escribía en Mediabask: «Sin el acuerdo de Jean-René Etchegaray, se filtra a la prensa el encuentro del 5 de abril de las tres instituciones vascas. ‘Se quiere reescribir la historia’, indica una fuente próxima a las negociaciones. ‘Nada de sociedad civil, nada de artesanos de la paz’». Al parecer, había otra cuestión que explicaba las desavenencias: la lucha por el relato, después de que, ante diferentes interlocutores, el Gobierno de Urkullu hubiese mantenido más tiempo de lo razonable que el planteamiento de los artesanos era una insensatez irrealizable.

En la nota común hecha pública dos días después de la reunión de Arkaute se informaba de que su objetivo había consistido en «compartir un análisis de la situación y de los pasos inmediatos en relación con el desarme final de ETA». El encuentro sirvió al mismo tiempo para que las tres instituciones expresaran su apoyo a la Comisión Internacional de Verificación por sus buenos oficios y valoraran favorablemente la implicación de la sociedad. Solicitaban a la CIV que el proceso de desarme final de ETA fuera «definitivo, incondicional y verificable», y se desenvolviera dentro de un marco de garantías de legalidad.

Las referencias a la legalidad habían sido una constante en boca de los responsables autonómicos en las semanas anteriores. No dejaba de ser un tanto surrealista que se intentara explicar los márgenes de la legalidad, del Estado de Derecho en Francia, a personas como el alcalde de Baiona, un hombre de leyes y republicano francés convencido, cuando, además, ya había tanteado esos márgenes con el primer ministro Cazeneuve. Alguno de sus interlocutores parecía no darse cuenta de que, con su condición totalmente asumida de ciudadano francés, Etchegaray se atrevía a mirar a los ojos a la República sin considerarse un mero súbdito. Lakua se había convertido en más papista que el Papa en lo tocante a guardar la legalidad.

Aun así, el recorrido institucional apoyando el desarme de ETA fue completo, con la excepción del PP y UPN. En los días previos al acto de Baiona, el Parlamento Foral de Iruñea y luego el de Gasteiz dieron su apoyo a la iniciativa. Entre medio, todos los partidos políticos, con las citadas excepciones. Se valoraba favorablemente la implicación de personas y entidades de la sociedad civil.

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