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GASTEIZ

Reclaman bajar de 23 a 18 años el acceso a RGI y a un año el empadronamiento exigido

CEAR Euskadi ha reclamado que se rebaje de 23 a 18 la edad para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos y que se fije en un año y no en tres el empadronamiento exigido.

Movilización de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ante el Parlamento de Gasteiz. (@LABsindikatua)
Movilización de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria ante el Parlamento de Gasteiz. (@LABsindikatua)

Representantes de CEAR Euskadi han reclamado que se rebaje de 23 a 18 la edad para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos y que se fije en un año y no en tres el empadronamiento exigido. Además han solicitado eliminar el requisito temporal de empadronamiento para todas las víctimas de violencia machista y que se admita la posibilidad de recibir al menos dos prestaciones por vivienda.

Representantes de la CEAR Euskadi han presentado este miércoles en el Parlamento de Gasteiz aquellas cuestiones que consideran que se deberían tener en cuenta en la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, propuesta PNV y PSE. Los partidos que forman el Ejecutivo establecen varios requisitos para poder acceder a la RGI, como tener al menos 23 años y estar empadronado por lo menos con tres años de antelación, dos en el caso de menores o dependientes a cargo. Además se plantea la concesión de una RGI por unidad de convivencia, que estaría constituida por todas las personas que residan en una misma vivienda, «con independencia de las formas de relación jurídica, afectiva o familiar existentes entre ellas».

Los representantes de CEAR Euskadi han pedido rebajar de tres años a uno el tiempo de empadronamiento exigido y han asegurado que en el caso de los inmigrantes este requisito se fundamenta en una visión «negativa y criminalizadora de la migración del todo injustificada. Respecto a la concesión de una RGI por unidad de convivencia independientemente de las relaciones que existan entre las personas que vivan en una misma casa, han destacado que muchos de los perceptores de estas ayudas están compartiendo vivienda sin tener relación familiar, algo que entre la población extranjera es mayoritario por los precios «insostenibles» de los alquileres.

Asimismo, han denunciado que, tal y como está redactada la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, quedan fuera de la misma las personas a las que se les haya concedido la residencia por razones humanitarias y aquellas a quienes se les haya reconocido el estatuto de apátrida, la mayoría saharauis. Ante esta situación, han abogado por una RGI que «proteja a todas las personas sin distinción» y que garantice el derecho de subsistencia y la inclusión social y laboral.

Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria

Por su parte, integrantes de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria se han concentrado frente a la Cámara autonómica para mostrar su rechazo a la reforma propuesta por PNV y PSE. Al igual que CEAR, han denunciado que uno de los aspectos que implicarán un recorte de derechos es la concesión de una única RGI por vivienda porque «deja de lado la realidad de la mayoría de los vascos que tienen que compartir piso debido a los altos alquileres e hipotecas».

Además, han destacado que la propuesta de PNV y PSE plantea modificaciones que pueden provocar que muchas mujeres víctimas de la violencia machista no cumplan los requisitos para acceder a estas ayudas y han criticado que se desvincule el cálculo de la RGI del SMI. Asimismo, han censurado que se plantee el aumento de las medidas de control, lo que supone «poner bajo sospecha continua a la gente pobre, criminalizando a las familias receptoras de prestaciones sociales».