Torra es juzgado desde hoy por haber mantenido en el Palau de la Generalitat y en edificios públicos banderas esteladas y la pancarta «Llibertat presos polítics» con un lazo amarillo, en el periodo electoral de las elecciones estatales del 28 de abril de 2019, pese a la orden de la JEC de retirarlas. Se enfrenta a una petición de condena de 20 meses de inhabilitación.

En el turno de las cuestiones previas, la abogada del president, Isabel Elbal, ha pedido anular el juicio al considerar que se está vulnerando el derecho a juez imparcial –ya que considera que no va a tener un juicio imparcial– y alegando también vulneración de la presunción de inocencia: «Tienen una oportunidad histórica de salvar el sistema democrático».

Ha asegurado que los dos miembros de la Junta Electoral Central (JEC) que denunciaron a Torra ya se manifestaron de forma hostil en contra del proceso soberanista y que el magistrado instructor de la causa hizo una «instrucción parcializada».

Ha lamentado que el instructor valorara los hechos en un auto que debería haber sido objetivo y ha asegurado que la sala «está contaminada» porque el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas fueron quienes admitieron a trámite la querella de la Fiscalía.

«Es palmario y evidente que no se respeta el derecho a la presunción de inocencia. Es tan evidente que, según la opinión publicada, (Torra) va a ser condenado. Ha habido regueros de tinta sobre el análisis de la situación política en Cataluña cuando sea inhabilitado. Es tan evidente y tan palmario que no debería proseguir el juicio», ha aseverado.

El tribunal ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, por lo que la vista oral se ha iniciado con la declaración de Torra.

Arropado por un millar de personas

Torra ha acudido al tribunal a las 8.30. Le han recibido al salir del coche el expresidente Artur Mas; el presidente del Parlament, Roger Torrent; y casi todo su Govern, además de simpatizantes. También han acudido para arroparle miembros de JxCat, ERC, CUP, Demòcrates, ANC, Òmnium y la AMI; y el abogado Gonzalo Boye. Además, han estado miembros y diputados de los partidos, tanto del Parlament como del Congreso, también se ha podido a la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater y al expresidente del Parlament Joan Rigol, entre otros.

El president ha entrado en el juzgado tras realizar el recorrido por el paseo Lluís Companys junto a su mujer, seguido de la comitiva y arropado por más de medio millar de personas, que han gritado durante todo el paseo «Quim Torra, nuestro presidente».

La Fiscalía pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) y multarle con 30.000 euros.

La acusación popular ejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años.