NAIZ
DONOSTIA

Declaran once de los 22 imputados por las protestas en respuesta a un acto de Ciudadanos en Errenteria

Once de los 22 imputados han declarado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia, donde han negado que actuarán conjuntamente para impedir la celebración de un acto de Ciudadanos.

Algunos de los concentrados ante Ciudadanos (y la Ertzaintza) en Errenteria. (Andoni CANELLADA | FOKU)
Algunos de los concentrados ante Ciudadanos (y la Ertzaintza) en Errenteria. (Andoni CANELLADA | FOKU)

Once de las veintidós personas imputadas por participar en las protestas que tuvieron lugar el pasado 14 de abril en respuesta a un acto celebrado por Ciudadanos en Errenteria han prestado declaración este lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia.

El letrado que representa a la mayoría de investigados, Aiert Larrarte, ha explicado en declaraciones a Efe que sus representados fueron identificados por la Ertzaintza en un atestado incoado por «desórdenes, coacciones, amenazas, insultos y coacciones» además de «atentado» en algunos de los casos, si bien ha rechazado que, como pretende la acusación, actuaran conjuntamente para impedir la celebración del acto electoral.

Ha destacado además que la mayoría de ellos no estuvieron en el acto de Ciudadanos, sino que se vieron envueltos en una situación posterior que se produjo cuando la Ertzaintza paró una manifestación en favor republicana para permitir la salida del lugar de la comitiva del partido de Albert Rivera. El abogado ha explicado que, «en ese cruce, la Ertzainza abrió un camino para que pasara la gente» donde tuvieron lugar la mayoría de los hechos que se imputan a sus representados, quienes afirman que ese día pasaban por aquel lugar de forma individual.

En esa coyuntura, afirman que ciertas actitudes atribuidas a los simpatizantes de Ciudadanos les llevaron al «enfado», ya que consideran que este partido pretendía «rascar cuatro votos en un pueblo en el que se está haciendo un trabajo muy delicado y sensible» en favor de la reconciliación.

Los investigados se han negado a responder a la preguntas del abogado del despacho Fuster-Fabra, que representa a los querellantes, y que considera que los hechos podrían se constitutivos de distintos delitos de «odio, amenazas, injurias y coacciones».