Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de una fosa común en la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, en la que presumen puede haber más de 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en como "falsos positivos".

«Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate», ha afirmado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

Ese tribunal, que nació del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, ha detallado detallado que las víctimas al parecer vivían en Medellín, capital de Antioquia, tenían edades comprendidas entre los 15 y los 56 años, y algunos de ellos al parecer estaban «en condición de discapacidad».

Con el eufemismo de "falsos positivos" se conoce en Colombia la práctica extendida en el Ejército de matar civiles que eran presentados luego como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

La JEP ha destacado que las víctimas estaban enterradas en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, donde hasta la fecha han sido exhumados siete cadáveres.

«Adicionalmente, hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas», ha detallado la JEP, que ha anunciado que el Instituto Nacional de Medicina Legal será la entidad encargada de identificar los restos.

El tribunal ha señalado que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que las pesquisas se iniciaron después de que un exintegrante del Ejército reveló tener conocimiento de «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado».

5.000 casos

Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014. Los pocos condenados por estos hechos son en su mayoría soldados o suboficiales, pero no oficiales de alto rango.

Para esclarecer estos crímenes cometidos durante el conflicto armado del país, la JEP abrió una investigación en la que ha acreditado a cerca de 400 víctimas, recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Muerte de un miembro de la FARC

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido sucesor de la antigua guerrilla, denunció este sábado la muerte de Manuel Antonio González, conocido como 'Yair Cartagena', en Antioquia.

La FARC detalló en un comunicado que este viernes González recibió varios disparos mientras se dirigía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruíz, ubicado en una zona rural del municipio de Ituango.

En ese ETCR, espacios donde los excombatientes hacen su proceso de transición a la vida civil, residía la víctima, hijo de Manuel Antonio González Benítez, conocido en su época de guerrillero como 'Elmer Arrieta' y quien fue el jefe del Frente 18 de las FARC.

«Este hecho se suma a los acontecidos en el departamento de Antioquia, ya que a la fecha han sido asesinados 19 exguerrilleros en proceso de reincorporación, de los cuales 11 han sido asesinados en el municipio de Ituango», ha afirmado la FARC.

Hha exigido al presidente, Iván Duque, que ponga en marcha el punto del acuerdo de paz en el que se aborda la seguridad de los excombatientes y a la fuerza pública le ha pedido que «cumpla con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de todos los ciudadanos».

De igual forma, el partido ha solicitado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos «prestar toda su gestión para que el Estado colombiano se apegue a las normas internas y externas a las que se ha comprometido respetar».

Desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, han muerto cerca de 170 exguerrilleros.