El inicio de la comparecencia del Gobierno Urkullu sobre la catástrofe de Zaldibar apunta a que no va a haber noticias relevantes sobre el caso. Ante las preguntas sobre cuál ha sido la causa del derrumbe, el lehendakari de la CAV se ha limitado a indicar que «toda la información recabada permitirá delimitar con claridad las causas y responsabilidad. La Justicia decidirá».

«Se va a investigar a fondo, estoy comprometido con la total transparencia y asunción de responsabilidad», ha dicho en la misma línea.

Urkullu ha calificado el terrible accidente como «una excepción» a la que el Gobierno ha dado un tratamiento equiparable, implicando a diferentes departamentos. Se ha extendido en defender que hubo una coordinación correcta desde el primer momento. «Nos hemos encontrado ante una situación extraordinaria, inusual, totalmente impredecible», ha alegado.

En algún momento de su primer intervención, no más de media hora, ha intentado desplazar la responsabilidad a la empresa, asegurando que la participación y la responsabilidad institucional ha sido «subsidiaria» en este asunto.

Ha empezado su intervención mostrando «consternación y solidaridad» con los familiares de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, los dos trabajadores sepultados. Pero Urkullu también ha dicho que el Gobierno estuvo en contacto con ellos desde el primer momento y que él se entrevistó personalmente (seis días después), «en cuanto tuve información relevante», además de en otra ocasión posterior.

En la réplica, el lehendakari de la CAV se ha enredado en esta cuestión, sin dejar nada claro si tenía algo que reprocharse a sí mismo o no: «Me piden autocrítica personal en lo que pueda ser esa interpretación de falta de empatía. La hago con hondo pesar porque he seguido la situación desde el primer momento. Mi preocupación era y es el rescate. Y cuando he ido a reunirme con los familiares en dos ocasiones, no se he sentido que tengan preocupación especial por la falta de empatía que se me reprocha. El problema no es la falta de empatía, sino solucionar el caso. ¿Autocrítica por falta de empatía? No es el caso».

Dicho todo esto, al final de su primera intervención Urkullu ha pedido a los grupos «responsabilidad» y que la tragedia no se aproveche con finalidad «vindicativa» contra las administraciones. «Necesitamos unidad y ningún grupo de la oposición se me ha acercado», ha llegado a quejarse en su segunda intervención. «Usted no es aquí la víctima», le ha replicado luego Alfonso Alonso (PP).

«Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Lo he hecho siempre que me ha parecido necesario. Siento mucho los errores que hayamos podido cometer al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad», ha concluido en su primer turno.

«Los mecanismos de control no han sido suficientes», ha concluido Urkullu al final de cuatro horas y media de sesión. «Soy plenamente consciente de la gravedad de estos hechos y del malestar de la ciudadanía. Se han producido errores. Habrá medidas concretas». Entre las que han anticipado, exigencia de responsabilidades a la empresa y auditoría sobre el funcionamiento de la Administración.

Beltrán de Heredia, San José y sobre todo Arriola no aclaran dudas

Si las explicaciones de Urkullu han sido muy poco relevantes, las titulares de Seguridad y Trabajo todavía han sido más intrascendentes. Primero ha tomado la palabra Estefanía Beltrán de Heredia (Seguridad), para incidir en la complejidad de la búsqueda de los dos desaparecidos, primero por la aparición de amianto (sin detallar si es que acaso no lo sabían cuando la actividad estaba registrada) y después por el riesgo de nuevos deslizamientos acrecentado por la lluvia. Ha acabado manifestando que harán falta «medidas complejas de ingeniería civil» para estabilizar la ladera y poder avanzar en ese rescate.

María Jesús San José (Trabajo) se ha extendido en consideraciones generales sobre las competencias en inspección laboral para asegurar al final que los operarios que trabajan en el rescate reciben atención y formación especial: «Hay charlas explicativas sobre el periodo de explicación y las patologías que podrían producirse». Tampoco ella ha explicado cómo les pasó desapercibido que en ese vertedero había altas cantidades de amianto o si es que no había trajes y mascarillas especiales para los trabajos, dado que la búsqueda se interrumpió catorce horas en el segundo día.

Le ha seguido Iñaki Arriola (Medio Ambiente), con mucho más contenido. Ha empezado incidiendo en que la gestión de los residuos en la CAV es muy complicada por la alta concentración humana e industrial. Sobre Verter Recycling, ha detallado el recorrido legal desde su inscripción en 2002 a la autorización ambiental del vertedero de Zaldibar en 2007 o su apertura en 2011. Ha habido inspecciones periódicas de la instalación desde 2013, ha añadido el exalcalde de Eibar. En las últimas se apreciaron algunos movimientos «horizontales», ha precisado. Ha sido tras el accidente cuando se ha reclamado a la empresa un informe al respecto y Verter ha aportado el estudio de estabilidad realizado en 2018 por Geyser, pero en el mismo «no hay conclusiones».

2,8 millones de toneladas de residuos se han depositado en este vertedero en un proceso creciente, con más de 500.000 toneladas al año en 2018 y 2019. Para entonces la calificación de Lakua ya se había degradado notablemente, pero Arriola no ha explicado por qué no se intervino para frenar ese flujo. De lo que no hay duda alguna es de la sobreexplotación de la instalación: «Al vertedero le quedaban como mucho dos o tres años de llenado», ha indicado Arriola.

El consejero ha dicho que se había requerido a Verter Recycling corrección de numerosas irregularidades (ha enunciado hasta dieciocho), «pero ninguna estaba vinculada a la estabilidad del vertedero». «Eran poco relevantes, salvo una», ha apostillado. ¿Por qué no se activaron sanciones? Aquí ha dicho Arriola que precisamente cuando se produjo la catástrofe del día 6 «el Servicio de Inspección de la Dirección de Administración Ambiental se encontraba preparando el expediente y la propuesta motivada de inicio del expediente sancionador por las desviaciones encontradas en la inspección del pasado verano».

«No había indicio alguno de que el vertedero presentara problemas de estabilidad», ha insistido. Al contrario, el último informe presentado por una empresa geotécnica a la administración –vía Verter– remarcaba lo contrario.

Tras la réplica de los grupos, Arriola se ha mostrado molesto por algunas afirmaciones y ha protagonizado el momento más tenso de la sesión. «A veces tengo problemas de dicción y no se me entiende, pero ¿cuándo he dicho yo que el vertedero era estable? Nunca». El tono y la pregunta misma contrastan con la responsabilidad de un consejero de Medio Ambiente ante un desastre de tal magnitud, pero con él Iñaki Arriola ha querido remarcar el concepto que la cuestión geológico era responsabilidad exclusiva de Verter Recycling.

Críticas y preguntas desde EH Bildu al PP

Antes de las palabras del lehendakari, Maddalen Iriarte, en nombre de EH Bildu, el grupo que ha propuesto esta convocatoria, ha comenzado aludiendo a la tragedia humana de los dos trabajadores desaparecidos y le ha sumado la «crisis sanitaria para 50.000 personas», el «desastre ecológico» producido y la «crisis de credibilidad» creada por el propio Gobierno de Lakua.

«Es comprensible la descoordinación de un primer momento, eso todos los entendemos, pero que el lunes comparezca todo el Gobierno sin decir una palabra del tema y además conteste de mala manera cuando se le pregunta, no es comprensible –ha dicho Iriarte–. Muchos ciudadanos se preguntan hoy ‘¿por qué les vamos a creer la próxima vez?’. No han estado a la altura de lo que merece la ciudadanía de este país».

Oídos el lehendakari y sus consejeros, Iriarte ha considerado que siguen faltando muchas explicaciones a una ciudadanía que está lógicamente inquieta por la situación creada en la zona. Una muy concreta: ¿hasta qué punto son peligrosos para la salud los furanos y dioxinas inspirados? Y es que la consejera Murga no lo ha aclarado.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, que también reclamaba la comparecencia, ha hablado de «gestión desastrosa». «Esto no ha sido una catástrofe natural, ha sido una cadena de negligencias», ha replicado a la afirmación hecha por el lehendakari el lunes 10. Y ha añadido que este año se han producido ya once muertes en accidentes laborales en la CAV.

En la réplica, el representante de Elkarrekin Podemos se ha mostrado escandaloso por la confirmación de que Zaldibar era un vertedero «low cost», con «un ritmo de llenado frenético y en el que un accidente laboral no era descartable». Y también por la falta de control de la Administración sobre «un servicio público».

Alfonso Alonso (PP) se ha declarado conmovido por el «ejemplo» de uno de los dos trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán, por haber corrido a avisar a sus compañeros del derrumbe antes de ponerse a salvo. «Y es que aquí no hemos dado esa impresión, sino la de escurrir el bulto, tratar de minimizar los riesgos y los problemas, defraudar a 50.000 personas que se sienten estafadas», ha reprochado. En cuanto al vertedero, ha recordado que tenía «un extraordinario beneficio» por su sobreexplotación y se ha preguntado si acaso Lakua no lo sabía. 

Tras escuchar a Urkullu, Alonso ha dicho sentirse tan engañado como los vecinos, destacando que muchas de las informaciones ofrecidas ya eran públicas y que otras no se basan en el caso concreto sino en el panorama legal general.

Especial énfasis ha puesto en la afirmación de Arriola de que los informes del vertedero reseñaban su estabilidad, algo que cree que no puede seguir sosteniéndose una vez que se ha derrumbado. Alonso ha acabado cara a cara con Arriola: «Lo suyo ha sonado a despedida pero habrá otro Parlamento y seguiremos aquí preguntándonos por qué se derrumbó el vertedero de Zaldibar y si era evitable. Si todo se ha hecho bien, si se lo dijo así la empresa el 21 de enero, ¿cómo es posible que se caiga a las dos semanas?».

José Antonio Pastor (PSE) y Joseba Egibar (PNV) han calificado de «transparentes» las explicaciones del Gobierno Urkullu. En el caso jeltzale, ha destacado el tono empleado tanto desde el Ejecutivo como desde el partido, evitando altisonancias como la que acusaba de «carroñerismo» a la oposición por pedir explicaciones. Eso ocurrió a mitades de la semana pasada, antes de que el viernes Lakua patinara en la cuestión de la calidad del aire.