La Fiscalía de Gipuzkoa ha pedido la apertura de juicio oral contra el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, acusado de 47 delitos, varios de ellos contra la libertad sexual. El Ministerio Público interesa asimismo que, dado que el procedimiento instruido contra Cabezudo «es extraordinariamente extenso y complejo», se prorrogue su actual situación de prisión provisional por este asunto, teniendo en cuenta además «que siguen en vigor las mismas circunstancias que en su momento motivaron» su ingreso en la cárcel.

Tras este trámite, la Audiencia de Gipuzkoa ha dado traslado a la acusación particular de todas las actuaciones, recogidas en 10.342 folios que completan 31 tomos, para que se pronuncie al respecto en un plazo de 30 días.

Este procedimiento, del que han sido desgajadas numerosas piezas separadas, constituye la causa principal contra Cabezudo, quien el pasado mes de julio fue procesado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia por la posible comisión de 47 delitos, correspondientes a cinco tipos penales distintos, entre ellos cuatro contra la libertad sexual de algunas de las modelos con las que trabajó desde los años 90.

En concreto, el auto procesaba a Cabezudo por cuatro delitos contra la libertad sexual, trece contra la intimidad y la propia imagen, 17 de estafa -tres de ellos continuados-, ocho de corrupción de menores y cinco contra la integridad moral.

Asimismo, recoge los testimonios de otros seis casos de presuntos abusos sexuales que ya están prescritos, por los que Cabezudo no será juzgado.

Los juzgados donostiarras mantienen abiertas desde el año 2013 varias investigaciones penales contra Cabezudo, en prisión provisional desde mayo de 2018, por presuntos delitos contra la libertad sexual y la intimidad, violación, abuso sexual, estafa, delitos contra el honor, injurias, descubrimiento de secretos y amenazas.

De hecho, el fotógrafo ya ha sido condenado, en una de estas causas separada, a dos años y tres meses de prisión por «obstrucción a la justicia» y se encuentra a la espera de una segunda sentencia por un presunto «uso de documento falso» en juicio y dos delitos de falsificación de contrato.