Valencia y Nolla son acusados de un delito de falsedad documental mercantil en concepto de autores como firmantes de un recibo falso que supuestamente habría sido utilizado por el club rojillo para cuadrar las cuentas de la temporada 2012-2013.

El letrado ha declarado, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Nafarroa por presunto amaño de partidos, que los hechos «no se corresponden» con la narración de los mismos en los escritos de las acusaciones.

En este sentido, ha considerado que Vizcay fue el «autor intelectual y material» del recibo, que creó «tratando de camuflar o disimular» la retirada de una importante cantidad de dinero de la caja del club, cuyo destino «no está aclarado a día de hoy».

Tras recordar que los agentes inmobiliarios han declarado en el juicio que «no tenían ánimo alguno de delinquir», el letrado ha asegurado que la firma del recibo se gestó por una llamada de Vizcay en la que les señaló que en la siguiente temporada se podía recuperar un proyecto inmobiliario en el que ya habrían asesorado al club.

El abogado ha opinado que «solo Vizcay» fue el autor del recibo de 900.000 euros y que el entonces gerente proyectó «una cortina de humo frente a toda la junta directiva» para ocultar sus operaciones con dinero del club.

Por tanto, ha considerado, no se les puede atribuir un delito de falsedad documental en concepto de autores, ya que «el ideólogo y autor material» del recibo sería Vizcay.

Los agentes inmobiliarios, ha agregado, firmaron el recibí «con pleno convencimiento de que respondía a un compromiso del club» de cara a la siguiente temporada y por ello, en su opinión, sólo corresponde a Vizcay la responsabilidad de aclarar el destino del dinero extraído del club en efectivo.

Valencia y Nolla, ha insistido, no son ni autores ni inductores o partícipes de la falsedad documental.

El juicio por presunto amaño de partidos de fútbol terminará este viernes con la exposición de los informes finales de los abogados de los exjugadores del Betis Jordi Figueras, Antonio Amaya y Xabier Torres y con el ejercicio del derecho a la última palabra de los acusados que quieran hacer uso del mismo.