La asociación Bake Bidea denunció, el miércoles pasado, la decisión de la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, de excluir a los presos vascos del plan para rebajar la población carcelaria en el contexto de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

El plan, que empezó a aplicarse la semana pasada, plantea la salida de prisión de unos 5.000 detenidos, ello en un contexto de tensión creciente en las cárceles galas por el confinamiento decretado, el 17 de marzo, para tratar de limitar los contagios por Covid-19.

Belloubet remarcó que la medida se suscribiría a presos en fin de pena o con enfermedades, y excluyó expresamente de la medida a presos acusados de muertes, actos de violencia extrema y a detenidos en sumarios relacionados con «actos terroristas».

De esta forma los 36 vascos recluidos en cárceles galas quedaron fuera de esa medida de excarcelaciones bajo control judicial.

Ello pese a que algunos de esos presos –caso de Frédéric Xistor Haranburu, Jakes Esnal y Ion Kepa Parot– cumplirán 30 años de prisión en unos días, a la avanzada edad y el delicado estado de salud de otros –caso de Josu Urrutikoetxea, de Xistor Haranburu o de Jon Gurutz Maiza– o a que uno más, el lasartearra Ibon Fernández Iradi, sufre de esclerosis múltiple.

En todos los casos, la Fiscalía se ha venido oponiendo de forma sistemática a la libertad condicional o a la suspensión de pena, según denunciaba en su comunicado Bake Bidea.

Argumentos de la Fiscalía

Sin embargo, una información difundida por el rotativo “Dernières Nouvelles d’Alsace” daba cuenta días atrás de la decisión de la Fiscalía Nacional Anti Terrorista (PNAT) de aceptar la puesta en libertad de dos personas detenidas bajo la acusación de haber proporcionado a Cherif Chekatt, autor del atentado en el mercado navideño de Estrasburgo (11 de diciembre de 2018), una de las armas con que cometió ese ataque.

La Policía mató al autor del atentado después de que este abriera fuego con varias armas causando la muerte de cinco personas y dejando heridas a otras once más.

Seis personas están encausadas en relación a esos hechos, todavía por juzgar.

Dos de los encausados, acusados de «asociación de malhechores» y de «posesión y entrega de armas en relación a un acto terrorista», salieron en libertad, con medidas de control judicial, entre el 19 y el 27 de marzo pasados después de que la Justicia aceptara la demanda presentara por sus abogados.

Una decisión, señala el rotativo alsaciano, «que no es ajena a la situación creada por la epidemia del coronavirus».

En este caso el «parquet antiterrorista» tuvo en cuenta las alegaciones relativas a la edad de uno de los presos, que tiene 75 años.

Aunque la Fiscalía no mencionó expresamente el factor de la crisis sanitaria, Dominique Bergmann, que ejerce la defensa del detenido más joven, de 35 años, declaraba, según recoge el rotativo ‘Le Figaro’ , que si bien las excarcelaciones se justifican porque estas dos personas estaban en situación de prisión preventiva y «la instrucción del sumario está muy avanzada» cara a su puesta en libertad «la cuestión de la crisis sanitaria ha sido determinante».