Unos 3.500 millones de personas, más del 40% de la población mundial, nos encontramos en estos momentos bajo algún tipo de confinamiento. Treinta estados, la mayoría europeos, han establecido ya un confinamiento total. Las excepciones más llamativas son las de Suecia y Países Bajos, que apuestan oficialmente por lograr la inmunidad colectiva de forma natural.

Aunque los gobiernos de esos dos países han decretado algunas medidas de distanciamiento social, lo cierto es que, a 31 de marzo, no han cambiado de rumbo –como sí lo han hecho Donald Trump en EEUU o Boris Johnson en Gran Bretaña– desde que optaron, tras las oportunas consultas a expertos científicos, por «desarrollar la inmunidad de grupo de una manera controlada», como sostiene el primer ministro neerlandés, Mark Rutte.

Pero antes de entrar en el debate, explicaremos brevemente en que consiste “la inmunidad colectiva o de grupo” siguiendo, a grandes rasgos, un artículo publicado con ese título ya hace años por el doctor Josep Vaqué Rafart, entonces en el Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Universitari Vall d’Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona).

Vaqué Rafart comienza el texto señalando que la inmunidad colectiva es «la resistencia global que una comunidad posee frente a una infección», «la protección que posee una población ante una determinada infección a causa de la presencia de individuos inmunes a la misma».

Tres segmentos de población

A la hora de analizar cómo se desarrollan «las infecciones virales y bacterianas comunes de transmisión directa persona a persona que inducen inmunidad específica en los sujetos que las presentan», hay que distinguir tres segmentos de población: el que es susceptible de contraer la enfermedad; el que está infectado; y el que es inmune.

El primer segmento, el de las personas susceptibles, se va renovando constantemente con los nacimientos y la inmigración. Al tercero le sucede igual, pero a través de las defunciones y la emigración. El tercero, el de los sujetos infectados, es «el que propicia y mantiene la transmisión del agente infeccioso».

La interacción entre los tres segmentos es la que da lugar a los ciclos periódicos plurianuales de las infecciones, como en el caso de la gripe.

Al iniciarse el ciclo, la infección se disemina rápidamente debido a la elevada densidad de personas susceptibles. Como se está constatando con el Covid-19, en este momento los individuos infecciosos, que son pocos, contactan fácilmente con susceptibles.

Cuando la epidemia avanza, va descendiendo el número de susceptibles –porque muchos ya están infectados– y aumentando los contactos con sujetos inmunes, «lo que lleva a una progresiva disminución de la incidencia de la infección hasta llegar a ser mínima».

Pero la cuestión no termina aquí en las epidemias cíclicas puesto que, al irse renovando el segmento de susceptibles y alcanzarse una «densidad suficiente (número de sujetos por superficie)», puede desencadenarse un nuevo brote.

La vacunación

El quid de la cuestión en el debate abierto sobre cómo afrontar la epidemia del nuevo coronavirus reside en las vacunas. Como indicaba el doctor Vaqué Rafart, «siguiendo los pasos del proceso natural, hoy día los programas de vacunación sistemática tienen por objetivo producir una elevada proporción de individuos inmunes en la población».

Con esa estrategia, con la que se reduce considerablemente el número de susceptibles, se puede impedir la transmisión desenfrenada de la infección e, incluso, en algunos casos impedir la aparición de fenómenos epidémicos.

La vacunación no solo logra la protección directa de los individuos que se hacen inmunes gracias a ella (aunque no todos los vacunados pasan a ser inmunes), sino que estos programas también tienen como objetivo «conseguir que el segmento poblacional de sujetos inmunes sea suficiente para proteger a todo la comunidad, incluidos los no vacunados».

Y esa «protección conferida» es la que recibe el nombre de «inmunidad colectiva», que no solo puede conseguir el bloqueo de la transmisión, sino que puede llegar, cuando es factible, a erradicar una enfermedad infecciosa.

La vacunación es una forma «artificial» de alcanzar la inmunidad, mientras que la «inmunidad natural» se conseguirá dejando que la epidemia se extienda por la mayoría del tejido social. Pero esta segunda vía tiene sus riesgos, como el de que la población resulte diezmada, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. El caso más recordado estos días es el de la «gripe española», un tipo de virus de influenza para el que entonces no había vacuna y que mató a unos 50 millones de personas en todo el mundo hace ahora cien años.

Por otro lado, aunque el objetivo de las campañas de vacunación antigripal que cada otoño lanzan las administraciones sanitarias de nuestro entorno es lograr un beneficio social, estas se hallan más enfocadas a la protección individual que a la colectiva y su fin inmediato no es bloquear la transmisión, como se indica en el artículo aquí comentado.

No obstante, cuando estos programas de vacunación se aplican de forma intensiva y se cuenta con un sistema sanitario apropiado, enfermedades como la gripe estacional se pueden combatir sin llegar al colapso hospitalario y frenando sus tasas de mortalidad.

Suecia, con pocas camas

En el caso del Covid-19 todavía no hay vacuna disponible para aplicarla a las personas que están contrayendo la enfermedad a un ritmo vertiginoso en muchas zonas del planeta y, en el mejor de los casos, no contará con la pertinente autorización sanitaria hasta dentro de unos meses.

Esta es una de las razones de fondo que esgrimen los partidarios de la vía natural hacia una hipotética inmunidad colectiva frente al coronavirus.

En Suecia, el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública, Anders Tegnell, considera que las medidas drásticas que están tomando la mayoría de estados europeos no son sostenibles en el tiempo. «Esta situación se alargará meses; no podemos decir, simplemente, que todo estará cerrado durante varios meses. No funcionará».

Las autoridades del país nórdico están jugando la baza de que las medidas de higiene y unas leves restricciones en el funcionamiento de la vida cotidiana servirán para controlar la propagación del virus porque todavía está en una fase temprana: casi 3.500 casos y 105 muertos para una población de poco más de 10 millones de habitantes.

Mientras los institutos y las universidades han sido cerrados, las escuelas y las guarderías continúan con sus clases presenciales. Las terrazas de cafés y restaurantes se van llenando con la llegada de la primavera. Y el límite de aforo para reuniones en lugares públicos, que en principio se fijó en 500 personas (sí, ¡quinientas!) se ha bajado a 50.

No obstante, el Gobierno es consciente de que esto puede cambiar. Hace ya unos días, el primer ministro, Stefan Löfven, asumió que «las próximas semanas serán cruciales», apeló tanto a la responsabilidad individual como a la solidaridad, y afirmó que el Ejecutivo no dudará en tomar nuevas medidas si fuera necesario.

Por su parte, Tegnell negó que estuvieran siguiendo la misma línea marcada por el Gobierno británico en un principio. «No tenemos, en absoluto, ningún deseo de permitir que la infección se propague de esa forma; siempre hemos dicho que queremos una difusión tranquila y cuidadosa para que la atención médica no se sobrecargue, y todo lo que hacemos se centra en esto».

Por si acaso, en la capital Estocolmo ya se están montado hospitales de campaña como el que se ha levantado en el recinto de Ifema en Madrid, una de las regiones de europa más castigadas por la epidemia. Y Suecia es uno de los estados europeos con menos camas por cada 1.000 habitantes: solo 2,4 frente a las 8,3 de Alemania; 4,7 en Países Bajos; 4,1 en Euskal Herria; o 3 en el Estado español.

Los mensajes oficiales tampoco han apaciguado todas las críticas, como ha quedado reflejado en una carta abierta firmada por cerca de 2.000 académicos que piden más transparencia y que, como han señalado algunos de ellos, consideran que lo que está haciendo el Gobierno es echar leña para avivar un incendio que luego costará mucho apagar.

Países Bajos, morir en casa

En Países Bajos, con poco más de 17 millones de habitantes, ya contabilizan 1.039 muertes y más de 12.500 casos de coronavirus. Allí, el primer ministro es partidario de promover la inmunidad colectiva y de obviar el principio de contención. Mark Rutte insiste en que así muchos de sus conciudadanos se infectarán con este virus y, cuantos más pasen a estar inmunizados, menos posibilidades habrá de que el contagio se extienda a las personas vulnerables, como los ancianos.

Es más, incide en que un confinamiento total podría durar entre varios meses y un año sin garantías de que el Covid-19 no vuelva a brotar cuando se levanten las medidas restrictivas.

Claro que la inmunidad colectiva también tardará meses en alcanzar un nivel suficiente para lograr su objetivo ideal, por lo que para alejar el pico de saturación de los hospitales el Gobierno decidió suspender algunas actividades, ordenando el cierre de escuelas, cafés y restaurantes, y burdeles.

Otra cuestión espinosa es cómo se gestiona el tratamiento hospitalario en Países Bajos. Varios medios se han hecho eco en los últimos días de estas declaraciones de Frits Rosendaal, jefe de Epidemiología Clínica del Centro Médico de la Universidad de Leiden. «En Italia, la capacidad de las UCI se gestiona de manera muy distinta. Ellos admiten a personas que nosotros no incluiríamos porque son demasiado viejas. Los ancianos tienen una posición muy diferente en la cultura italiana».

Una tesis que permite distintos enfoques, como el de que «llevar a los ancianos a morir al hospital es inhumano», que seguramente conectará con quienes por aquí se quejan de que ni siquiera pueden despedirse de sus seres más queridos a causa de un confinamiento tan estricto como el que estamos viviendo.  

Lo paradójico es que el Gobierno neerlandés ya se ha dirigido a Alemania y Bélgica para conocer la disponibilidad de sus vecinos para que les “presten” camas en caso de que las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales se saturen. En Berlín se han mostrado dispuestos a ofrecer ayuda si en el momento requerido dispone de capacidad suficiente, mientras que en Bruselas han dejado claro su rechazo a recibir a pacientes extranjeros.