El Estado aprueba su Ingreso Mínimo y las autonomías dispondrán libremente del excedente de sus rentas

El Gobierno estatal ha presentado su medida estrella, que los ciudadanos podrán requerir a partir del 15 de junio y cuya prestación irá de 461 euros hasta los 1.015. Reclamos autonómicos por el pacto con la CAV y Navarra y negociaciones a contrarreloj, en la trastienda de un decreto histórico. Las administraciones vascas verán mucho gasto liberado.

Daniel GALVALIZI|29/05/2020
Escriva
José Luis Escrivà, ministro clave en el IMV junto al vicepresidente Iglesias. (MONCLOA)

Al contrario que Artolazabal, Escrivá no tiene dudas: «Dependerá del ámbito de cada CCAA qué pasará con sus rentas. En cualquier caso, es beneficioso para ellas, claro»

En los últimos días ha habido clima de euforia en el PSOE y UP. Fuentes del Gobierno comentaron a NAIZ que incluso el poderoso asesor de comunicación presidencial, Iván Redondo, lo ve como «el hito más importante desde la ley de la dependencia»

Finalmente llegó el día y el Gobierno de coalición ha presentado formalmente este viernes el real decreto en el que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el que pretende dotar de ingresos a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente casi dos millones y medio de personas, un tercio de ellos menores.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros María Jesús Montero (Hacienda) y José Luis Escrivá (Seguridad Social) han brindado la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado «un escudo social sin precedentes», en las palabras del líder de Unidas Podemos.

La prestación de la Seguridad Social tendrá un coste que rondará los 3.000 millones de euros al año: serán 12 pagas anuales con un suelo de 461,5 euros que podrá ascender a 1.105,3 euros según la situación familiar. Está previsto que beneficie en un 16% a hogares monoparentales, encabezados en un 90% por una mujer.

«Con el presidente acordamos que tenia que ser mayo el mes en que se aprobara y se consiguió, los equipos trabajaron a contrarreloj. Hay que tener capacidad de reacción ante eventos extraordinarios», ha subrayado Iglesias, que además ha opinado que se inicia a nivel global «una fase histórica neokeynesiana, con políticas expansivas para una crisis sin precedentes».

Por su parte, el ministro Escrivá, al ser preguntado qué deberán hacer las comunidades autónomas con sus rentas básicas ya existentes –las cuales serán complementarias–, ha respondido: «Va a depender de cada CCAA, cada una tiene criterios de residencia y elegibilidad que difieren mucho. Nuestra prestación va a fijar un mínimo estatal. Las comunidades están preparadas para redefinir y reajustar su prestación para ver dónde quieren complementar o establecer elemento subsidiario o dónde quieren reconducir los recursos para ver hacia dónde van otras políticas».

Al insistir los periodistas sobre definiciones al respecto, el ministro ha afirmado: «Dependerá del ámbito de cada CCAA qué pasará con sus rentas. En cualquier caso, es beneficioso para ellas, claro». Cabe recordar que los únicos gobiernos regionales que gestionarán ellos mismos el IMV serán los de la CAV y Nafarroa tras un pacto alcanzado entre La Moncloa y el PNV esta semana.

En este sentido, el Gobierno deja en claro lo que ya venía diciendo fuera de micrófono en los últimos días: su ingreso mínimo eleva la protección social en paralelo a las políticas de los Ejecutivos autonómicos, los cuales contarán con libertad para reconducir fondos o directamente recortarlos.

Escrivá ha dicho que se está analizando la posibilidad de una «ventanilla única» para el cobro de las rentas estatal y autonómica, algo que la consejera Artolazabal ha dado por hecho en la CAV. «Es algo que deberemos discutir, ahora no hubiera sido factible ponernos de acuerdo, hay diferencias considerables en cómo gestionan las comunidades sus rentas mínimas con resultados muy dispares», ha añadido.

También, según fuentes del Gobierno informaron esta mañana antes de la rueda de prensa, Moncloa está trabajando en la posibilidad de una «solicitud multicanal», para que los ciudadanos puedan pedir la prestación no sólo a través de Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos (vía convenios) y también con ayuda de entidades del tercer sector. Las mismas fuentes recalcaron que el IMV incorporará incentivos al empleo de tal forma que las personas que se beneficien de él no se vean penalizadas en términos de la prestación al acceder a oportunidades laborales.

La trastienda de dos meses frenéticos
Si bien la renta mínima viene siendo impulsada por Unidas Podemos en sus últimas campañas electorales, e incluso su aplicación estuvo incluido en el acuerdo de investidura de noviembre pasado con el PSOE, el IMV tuvo un renovado empuje con la crisis social y económica producto de la pandemia.

Esa fue la ventana de oportunidad que vio UP para incluir en su «escudo social» esta medida, que contaba con mayor consenso dentro del ala más fiscalmente conservadora del PSOE. Iglesias perdió ante la ministra de Economía, Nadia Calviño, la batalla por unas ayudas más contundentes en materia de alquileres. Con el IMV decidieron no ceder.

Contaron desde un principio con el apoyo de Escrivá, que sin embargo a mediados de abril dijo enterarse por los diarios del anuncio de la medida que iba a realizar en forma unilateral Iglesias, en una confusión que supo a papelón. Tras idas y vueltas y un millón de filtraciones, los equipos de la vicepresidencia de Derechos Sociales, de Seguridad Social, Trabajo y Hacienda agilizaron el papeleo.

En los últimos días ha habido clima de euforia en el PSOE y UP. Fuentes del Gobierno comentaron a NAIZ que incluso el poderoso asesor de comunicación presidencial, Iván Redondo, consideraba que el IMV era «el hito más importante desde la ley de la dependencia».

Desde el partido morado veían como un triunfo propio no sólo la celeridad con que el IMV fue aprobado sino el hecho que sean tenidos en cuenta para otorgar la prestación los ingresos de los últimos meses y no sólo si los del 2019 son inferiores a 10.500 euros, como quería Escrivá. Así se podrá atender específicamente a las familias afectadas por el Covid.

En las últimas horas no faltaron los celos de otras autonomías por el acuerdo del PNV con el Gobierno. «La Generalitat valenciana ya se ha quejado y lo hizo saber», han señalado las mismas fuentes. De hecho, el gobierno de Catalunya también lo dijo, pero en forma pública.

«Por esto, hay una disposición transitoria que dice que en un año también las autonomías podrán asumir la gestión del IMV. Pero lo que pasaba es que la CAV y Navarra tienen el sistema muy perfeccionado y es más fácil que lo terminen gestionando ellos», han explicado a NAIZ desde la vicepresidencia.

Ayer comieron juntos Iglesias y Escrivá y concluyeron los últimos detalles de un proyecto que obligó a los equipos técnicos a trabajar hasta bien entrada la madrugada. «Hasta último momento hubo que hacer modificaciones, hubo muchísimos borradores y muchas llamadas de Iglesias a Sánchez para desatascar cuestiones», comentaban desde las filas de Podemos, quienes viven esto como una victoria para su equipo económico, que en muchos momentos llegó a pensar, admiten, que el IMV nunca iba a ver la luz.

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