Más de 11.000 personas que han obtenido el estatus de refugiado podrán ser expulsadas a partir hoy de las viviendas sociales, pisos y hoteles en los que viven en toda Grecia, según el Ministerio de Migraciones griego. Una expulsión prevista desde abril, pero a la que «se dio una prórroga hasta finales de mayo debido a la epidemia del covid-19», ha recordado el ministro de Migraciones, Notis Mitarakis. «El Estado no puede ofrecer a los refugiados domicilio y ayudas sociales para toda su vida», ha afirmado en una entrevista en la cadena MEGA.

El objetivo gubernamental, sostiene, es abrir espacios en estas instalaciones de acogida de la parte continental del país para poder descongestionar los campamentos de las islas sin tener que crear nuevos centros en tierra firme. Mitarakis se escudó en que las medidas de expulsión de los refugiados reconocidos como tal de los centros de acogida fue aprobada por el gobierno de Syriza el año pasado. Sin embargo, a las personas que obtenían el estatuto de refugiado se les daba un plazo de seis meses para abandonar la instalación en la que estaban viviendo, plazo que el Gobierno conservador redujo, a comienzos de mayo, a tan solo un mes.

Desde 2015, los esfuerzos gubernamentales se han centrado en la gestión de las llegadas, sin ofrecer la atención suficiente a la integración de los refugiados.

El único programa en vigor es HELIOS, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con fondos europeos, que ofrece a los refugiados ayuda para alquilar un piso y asistencia financiera por un periodo de seis meses, durante el cual reciben cursos de griego y formación profesional. Según la OIM, actualmente se benefician del programa 1.590 personas y su capacidad máxima es de 5.000.

Además, el Gobierno quiere poner fin, al término del año, al programa ESTIA, que gestiona ACNUR con fondos europeos y que ofrece alojamiento a demandantes de asilo en hoteles y pisos alquilados.

Mitarakis ha advertido de que en todos los centros de acogida se instalarán sistemas de control de entrada y de salida, para que no lleguen personas sin autorización. Los centros estarán cercados por vallas dobles «para la seguridad de los que viven en ellas y de los habitantes de los alrededores».

Organizaciones humanitarias como Human Rights 360, el Consejo Griego para los Refugiados y la Unión Griega para los Derechos Humanos han criticado la decisión gubernamental porque dejará a miles de personas en la calle sin ninguna alternativa.

Hace dos semanas, los refugiados recibieron una advertencia telefónica de que el primero de junio debían marcharse. Estas ONG recalcan que sus esfuerzos por alquilar una vivienda han sido infructuosos, ya que muchos propietarios no están dispuestos a alquilar a refugiados.

«Los refugiados deben encontrar ellos mismos una vivienda, pero se encuentran con actitudes xenófobas de los propietarios, trámites administrativos poco comprensibles o la falta de apartamentos baratos», denuncia Eva Giannakaki, a cargo de las cuestiones de alojamiento para la ONG Solidarity Now.

«Diez años luchando para sobrevivir»

«Desde hace 10 años, estamos luchando para sobrevivir (...) Ahora que nuestra situación se había estabilizado, nos piden de nuevo comenzar de cero», relata a AFP Abdelkader Rahmoun. Este refugiado sirio de 44 años, su esposa y sus dos hijos deberán abandonar a finales de junio la vivienda que la ONG Nostos les había atribuido en el Pireo, el puerto de Atenas, en el marco del programa de alojamiento ESTIA gestionado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y financiado por la Comisión Europea.

«También nos van a recortar nuestra ayuda financiera de 400 euros por mes. Si nos expulsan, podemos encontrarnos en la calle», se lamenta.

Rahmoun era taxista en Idleb, donde tuvo que «cambiar varias veces de vivienda para refugiarse de los bombardeos», antes de llegar a Grecia, a través de Turquía.

En este barrio popular del Pireo, el edificio donde vive alberga a diez familias de nacionalidades diferentes, de las cuales seis serán evacuadas en junio.

Sus vecinos, una familia iraquí de Bagdad, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, con un padre en silla de ruedas y una niña de cinco años discapacitada que no puede alimentarse por sí misma.

«Pese a nuestra situación difícil, la ONG nos avisó que tendríamos que dejar la vivienda a finales de junio», dice Asil Nadawi, que se ocupa de los cinco hijos. «Con mi padre y mi hermana con discapacidades, ¿cómo el gobierno griego puede echarnos a la calle? ¡Es cruel!», exclama el hijo mayor Mustafa.

«Es normal que cedan su lugar»

El Gobierno griego alega que esta política es necesaria para que puedan beneficiarse de estas viviendas sociales los más de 32.500 solicitantes de asilo que viven hacinados en los campamentos de refugiados en las islas del norte del mar Egeo.

«Es normal que los que están en Grecia desde hace tiempo cedan su lugar. Se tiene que poner un límite y que los refugiados se integren y encuentren un trabajo», sostiene Manos Logothetis, secretario del servicio de asilo griego.

Pero, para el portavoz de ACNUR en Grecia, Boris Cheshirkov, esta decisión es preocupante. «Los refugiados van a tener que dejar esta forma de ayuda sin un acceso eficaz a los servicios sociales griegos. En teoría, tienen derecho a ayudas pero, en realidad, para los que no hablan el idioma, moverse por la burocracia griega puede ser extremadamente difícil».