El Ingreso Mínimo Vital presentado la pasada semana por el Gobierno español e inédito hasta la fecha en el Estado no recibirá el voto en contra ni de PP ni de Ciudadanos a tenor de lo que han manifestado este lunes. Cs se abre incluso a apoyarlo. «Nadie se puede quedar atrás. Se nos ponen los pelos de punta con las imágenes de la gente haciendo cola en Aluche para una bolsa de comida», ha dicho hoy su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal.

Desde el PP, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha avanzado que su partido va a pedir que se tramite como proyecto de ley el real decreto cuando llegue al Congreso, dado que quiere hacer varios cambios, pero no votará en contra.

Tras la reunión del grupo de trabajo de Sanidad del partido, en rueda de prensa ha explicado que el PP no está en contra de este decreto, aunque quiere analizar su contenido para ver si su voto es finalmente a favor o una abstención.

Aunque el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, dijo esta mañana que el PP iba a votar que sí a esta renta, Gamarra ha aclarado que quieren analizar mejor dos aspectos: la gestión otorgada a la CAV y Nafarroa y la conveniencia de que esa renta se vincule «a la búsqueda activa de empleo» por parte de sus perceptores.

Con ello, únicamente la ultraderecha de Vox rechaza una renta básica imprescindible para millones de familias de todo el Estado, más aún tras la sacudida de la pandemia. Lo hace afirmando, como el entonces alcalde de Gasteiz Javier Maroto frente a la RGI, que generará «un efecto llamada a gritos» para la «inmigración ilegal». Y ello pese a que la prestación se establece solo para quienes acrediten un año de residencia en el momento de la solicitud, así para víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género extranjeras.

El portavoz y eurodiputado de la formación, Jorge Buxadé, ha criticado una medida que, a su juicio, «es antinacional», porque entrega a algunas autonomías su gestión, porque «cronifica y vulnerabiliza» a la población al ser «permanente» y no excepcional, y porque «alimenta la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España» para beneficiarse.

Para evitar el fraude

Maroto basó toda aquella campaña, que acabó costándole la Alcaldía al ganar las elecciones pero quedarse sin apoyos posible, en la falsedad de que había grandes índices de fraude con la RGI.

Vox también insiste ahora en esta insinuación, aunque la letra pequeña del real decreto es exhaustiva en lo relativo al control. Las infracciones tendrán como responsables no solo a los beneficiarios de las prestación, sino también a otros miembros de la familia y otras personas que pudieran haber cooperado, en aras de luchar contra la economía sumergida.

«Si existiese y se detectara un creador de renta no declarada, las penalizaciones se extenderán no sólo al beneficiario -de la prestación- sino también al cooperador necesario», ha dejado claro el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá en una entrevista en la Cope.

El texto del real decreto también detalla las infracciones leves, graves y muy graves, así como las sanciones que llevan aparejadas y que llegan hasta la retirada y la devolución de seis mensualidades de la prestación.

Así, entre las muy graves, el Gobierno recoge, entre otras, el «incumplimiento reiterado» de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Seguridad Social o de las condiciones «asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica».