Según ha manifestado, se trata de momento de un borrador de modificación de la LFOTU (Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo) en el que está trabajando el departamento y que, entre otras cuestiones, plantea que la VPO será indefinida y no se podrá revender al cabo de unos años como hasta ahora, salvo a un precio tasado, el mismo por el que fue adquirida. De esta manera se busca evitar la especulación en VPO y la intervención de los fondos en el mercado protegido.

«La vivienda protegida debe serlo durante toda su vida útil y no estar al albur de los vaivenes del mercado y las especulaciones, como está ocurriendo ahora al cabo de 20 años de protección», ha afirmado.

Aierdi ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, y ha señalado que no comparte el modelo que ha venido funcionando hasta ahora y que es preciso un cambio. «Nos hemos visto obligados a intervenir frente a las consecuencias de un modelo que ha imperado en los últimos 20 años», ha dicho. Ha señalado que son 983 las calificaciones vencidas, 829 del parque privado y 153 del parque público.

De las 829 privadas ya vencidas en estos momentos permanecen bajo el régimen de protección 647 (un 78,05%), de las que 392 son propiedad de Testa y por tanto 314 de las mismas acogidas al régimen de protección pactado, quedando sin régimen de protección por el momento 182 (21,95%).

En su intervención, el consejero ha lanzado «un mensaje de tranquilidad» a las familias inquilinas de promociones de Testa, que «van a poder seguir en sus viviendas, van a continuar las subvenciones donde las había y se va a observar con especial detenimiento situaciones de vulnerabilidad antes de adoptar ninguna decisión».

Ha señalado que «hoy podemos asegurar que por el momento no ha habido ni un solo desahucio gracias a nuestras gestiones y modificaciones normativas para ir buscando distintas soluciones a las promociones que se descalifican». «Evidentemente, estas soluciones, pese a ser un problema que se veía venir desde años atrás, no era posible arbitrarlas antes porque el promotor lógicamente prefiere esperar a que se descalifique la vivienda para rentabilizar la venta o, en su caso, negociar la prórroga en mejores condiciones», ha comentado.

Aierdi ha señalado que «la política de vivienda en Navarra ha consistido en vender VPO y, paralelamente, conceder a una promotora privada subvenciones públicas para construir viviendas de alquiler protegido -llegando incluso a venderle el suelo público para hacerlo-, asegurarle luego el cobro de las rentas por medio de más subvenciones durante 20 años -con riesgo cero- y al cabo de ese período, permitirle rematar el negocio con la descalificación del régimen de protección y la posibilidad de venderlas como viviendas libres».

Apoyar a familias «desamparadas»

Según ha detallado, «la ley de medidas urgentes de 2010 contempló más tarde la posibilidad de ampliar la protección, pero limitándola a dos prórrogas de 5 años cada una y la llave de tal decisión la tenía siempre el promotor privado, en función de lo que le aconsejara el mercado».

El consejero ha manifestado que «el problema que nos encontramos ahora es el desamparo en el que se encuentran esas cientos de familias, que ven cómo de repente sus viviendas han pasado a ser libres y quedan en manos de fondos de inversión que quieren rentabilizar el negocio exigiendo rentas de arrendamiento a precio de mercado, llegando a cuadriplicar lo que pagaban hasta ahora en régimen protegido, puesto que pierden también el derecho a percibir una subvención». «No es algo repentino. Es la secuencia que ya estaba diseñada hace 20 años», ha indicado.

Aierdi ha señalado que son más de 800 las viviendas cuya calificación ha vencido o vencerá en los próximos años, por lo que, ha explicado, «este Gobierno ha adoptado medidas para evitar que estas familias se vieran en la calle u obligadas a pagar una renta desorbitada y garantizarles que van a poder seguir recibiendo la subvención que les corresponde en función de sus ingresos, a pesar de que sus viviendas hayan pasado a ser libres».

Ha abogado por un cambio de modelo y ha hablado así de que el Gobierno de Nafarroa ha pasado de derivar el negocio del alquiler protegido a promotores privados a ejercer directamente la promoción pública de vivienda de alquiler. «En estos últimos años hemos pasado de promover cero viviendas de alquiler (período 2011-2015) a las 524 viviendas públicas de alquiler que hemos puesto ya en marcha», ha precisado.

Ha indicado Aierdi que «al grueso de la promoción pública se le sumará la colaboración público-privada, pero en régimen de cesión de suelo público para que, justamente al contrario de lo que venía ocurriendo hasta ahora, al cabo del período de amortización de la inversión, la titularidad de ese parque de vivienda pase a manos públicas».

El parlamentario de Navarra Suma Jorge Esparza ha manifestado que «han equiparado a todos por igual y no están destinando los recursos públicos ni a las personas que más están sufriendo la crisis del covid ni a las personas que estaban en peores situaciones antes del covid». «Tenemos café para todos, todos al 75 por ciento», ha añadido, para indicar que en otros territorios se ha extendido al cien por cien. Ha criticado que «en estos tres meses no hemos aplicado ninguna medida».

Por el PSN, Arantza Biurrun ha manifestado que «nos sumamos al compromiso del consejero de garantizar que estas familias puedan seguir viviendo en sus viviendas, recibiendo las subvenciones y evaluando las situaciones de vulnerabilidad de forma individualizada», si bien ha comentado que «es verdad que las medidas que se han adoptado no han satisfecho al cien por cien de las familias afectadas».

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha criticado las políticas anteriores y que se están haciendo ahora «muchísimas cosas» y que «ya se irán viendo». «El Gobierno tiene que atender a las personas de manera urgente e inmediata», ha dicho, para indicar que «habrá que buscar nuevas propuestas a desarrollar». «Lo importante es tener una política pública de vivienda», ha aseverado.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha censurado también el «modelo de UPN» en vivienda y ha señalado que «lo prioritario es poner soluciones». «Si activamos la vivienda vacía que existe, igual se puede dar solución a la vivienda de alquiler e impedir negocios especulativos», ha dicho, para comentar que «hay que hacer una reflexión más profunda».

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha indicado que los datos del consejero «clarifican un horizonte» y ha criticado que «los fondos buitre buscan una rentabilidad en cuestiones clave». «La ciudadanía tiene un derecho constitucional y es nuestra función ponernos en frente de quien pretenda vulnerarlo», ha dicho, para defender la gestión «desde lo público».