El Ministerio español de Exteriores cesó a su cónsul en Baiona, Álvaro Alabart, por la falta de «confianza e idoneidad» para el puesto, después de haber roto el confinamiento y haberse desplazado hasta Donostia para recoger a los nuevos miembros de su servicio doméstico sin autorización, lo que ha supuesto un «perjuicio a la imagen de España».

Así se desprende de una resolución firmada por la subsecretaria del Ministerio, María Celsa Nuño, el pasado 6 de junio, y a la ahora que ha tenido acceso Efe.

Según la resolución, Alabart se saltó el confinamiento para viajar a Donostia sin permiso del Ministerio pese a que embajadas y consulados recibieron instrucciones de respetar las recomendaciones y directivas sanitarias locales y de que las normas del departamento establecen que los diplomáticos «no deberán en ningún caso ausentarse del país en que se encuentran destinados sin la oportuna autorización del Ministerio».

En el transcurso de la investigación abierta por Exteriores para aclarar los hechos, quedó determinado que tras firmar la jubilación de dos trabajadores de la residencia del cónsul, se negoció su sustitución por otro matrimonio que se encontraba a mediados de marzo en Madrid y que viajaría a la capital guipuzcoana para incorporarse al puesto.

Los trabajadores jubilados, que habían prestado servicio en el consulado general durante doce años, «fueron forzados a abandonar la residencia oficial, donde vivían, escasos días después de su jubilación», que se produjo el 31 de marzo.

Según constató el Ministerio, el 24 de marzo, dos días antes de tener la autorización para incorporar a nuevos trabajadores, Alabart y su esposa cruzaron la muga para recoger al matrimonio, que fue hospedado en el consulado una semana antes de su supuesta incorporación al trabajo.

Exteriores destaca en su informe que la prensa local que publicó lo ocurrido resaltaba que «las normas del confinamiento no parecen ser iguales para todos» y que varios medios digitales del Estado español se hicieron eco de la noticia «con expresiones como ‘deja en la calle’ o ‘echa a la calle’ en pleno confinamiento».

«El hecho de forzar a marcharse de la residencia oficial, donde no faltaba el espacio, en pleno confinamiento, a los dos trabajadores ucranianos recién jubilados tras doce años de trabajo, pertenecientes a un grupo de edad vulnerable, ha supuesto un perjuicio a la imagen de España, en general, y al servicio exterior español, en particular, por la falta de humanidad que se desprende de este hecho», resalta el Ministerio.

42 años de servicio

Disconforme con la resolución, Alabart ha presentado un recurso, al entender que su cese es «injusto y arbitrario». El antiguo cónsul en Baiona considera que Exteriores «se ha parapetado en unos argumentos falsos para cesar a un funcionario con 42 años de ejercicio profesional, dos embajadas a su cargo (Kuwait y Mozambique), una Gran Cruz de Mérito Militar y, desde hace más de un año embajador de rango».

Alabart niega que expulsara a los trabajadores recién jubilados, asegura que estos se marcharon «voluntariamente y sin avisar» a vivir con unos amigos a unos 100 metros, donde todavía siguen, y añade que les «ofreció todo tipo de facilidades para que su traslado fuera lo menos gravoso posible».

Además rechaza que Exteriores califique de «asunto privado» su desplazamiento hasta Donostia porque «resulta evidente que el mismo respondía a una necesidad del Consulado y, por tanto, tenía carácter oficial».