No es broma. Según la OCDE la pérdida recaudatoria por prácticas elusivas de las grandes empresas multinacionales asciende a entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por el impuesto de sociedades. Es decir, supone una pérdida para las arcas públicas de los países de entre 93.000 y 222.000 millones de euros anuales.

Se calcula que los países de la Unión Europea dejaron de ingresar cada año 825.000 millones de euros en impuestos debido a la evasión fiscal en los últimos años. Se reduce, pero de manera muy tenue. El Fondo Monetario Internacional considera que en los paraísos fiscales se esconden a la tributación más de 6,3 billones de dólares. Es una estimación bastante «blanda», dado que la organización Tax Justice Network multiplica esa cantidad oculta a las arcas públicas por cinco, lo que provoca una merma de recursos económicos al conjunto de administraciones públicas.

Pero, a la vez, los gobiernos y organismos internacionales cada vez hacen más difícil establecer qué es un paraíso fiscal, porque con «compromisos de transparencia firmados sobre un papel» les hacen desaparecer de las listas de defraudadores. Pierre Moscovici, ex comisario europeo de Economía hasta el verano de 2019, admitió que «esas listas son un progreso sustancial»; sin embargo, reconoció que «siguen siendo una respuesta insuficiente ante la escalada de la evasión fiscal global».
 
La Comisión Europea ha pedido este martes a los gobiernos de la UE que no concedan ayudas públicas en el marco de sus medidas de estímulo ante la crisis del coronavirus a empresas vinculadas con países incluidos en la lista europea de paraísos fiscales, que en la actualidad está integrada por doce jurisdicciones.

En la misma línea, Bruselas también aboga por aplicar restricciones en el caso de empresas que han sido condenadas por «delitos financieros graves», como fraude, corrupción o impago de impuestos y cotizaciones sociales, entre otros.

Recomendación, no obligación

Se trata, sin embargo, de una recomendación por parte del Ejecutivo comunitario, puesto que corresponde a los Estados miembros decidir, en primer lugar, si destinan fondos públicos a ayudar a su tejido empresarial y, en segundo lugar, establecer condiciones para conceder este tipo de apoyo excepcional.

«Estamos en una situación sin precedentes, en la que se conceden a las empresas volúmenes excepcionales de ayuda pública en el contexto de la pandemia de coronavirus. Resulta particularmente inaceptable que las empresas receptoras de ayudas públicas mantengan prácticas de elusión fiscal en las que intervengan paraísos fiscales», ha defendido la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Sin embargo, hace unas semanas el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó su análisis ‘La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2018’. En el se recuerda que 18 compañías se alojan en paraísos fiscales y 30 en nichos fiscales de baja tributación. Son compañías que. muchas o todas ellas, reciben ayudas oficiales por diferentes motivos y, por supuesto, para mitigar los efectos del covid-19 en la actividad económica y empresarial.  

Las orientaciones de la Comisión Europea, en particular, sugieren que «no deben recibir apoyo público las empresas que tengan vínculos con países y territorios» que estén considerados como paraísos fiscales. Para identificarlos, Bruselas aboga por utilizar la lista europea de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, creada en 2017. En esa lista se encuentran: Samoa Americana, Islas Caimán, Fiji, Guam, Omán, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Vanuatu y Seychelles.

Excepciones «estrictas»

El Ejecutivo comunitario aboga también por establecer una serie de condiciones a las que debería supeditarse la ayuda financiera, así como una serie de excepciones «estrictas» al criterio general para «proteger a contribuyentes honrados».

De esta forma, propone que empresas que mantengan vínculos con paraísos fiscales puedan acceder a las ayudas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si demuestran que han abonado los impuestos correctos o acreditan una presencia económica real en el país que forma parte de la lista.

Aun así, las autoridades comunitarias aconsejan a los Estados miembros que introduzcan «sanciones adecuadas» para evitar que las empresas que soliciten ayudas faciliten información falsa e inexacta con el objetivo de beneficiarse de estas excepciones.

Los gobiernos europeos que adopten medidas en línea con estas recomendaciones tendrán que informar a la Comisión Europea, que elaborará un informe de impacto sobre las mismas en el plazo de tres años.

Fiscalidad post-covid-19
La política fiscal será importante en la era post-covid-19 para poder obtener recursos económicos para hacer frente a la destrucción económica y social que la crisis sanitaria está produciendo.

La presencia de grandes fortunas o grandes compañías en paraísos fiscales y en nichos fiscales de baja tributación hace que una parte importante de recursos no se ingresen en las arcas públicas.

En el Estado español se estima que entre el 30% y el 40% de la fortuna de los más ricos permanece oculta en paraísos fiscales y el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), sitúa por encima de 75.000 millones anuales los que no se ingresan en las arcas públicas por estar escondidos a la tributación.