El fallo del Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso interpuesto por Ciudadanos contra la última versión de la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado, corregida para superar las denuncias de inconstitucionalidad del Gobierno de Rajoy, supone «un punto de inflexión, es una oportunidad de avanzar de modo compartido en materia de víctimas, memoria y convivencia».

Así lo ha señalado este miércoles el secretario general de Convivencia y Derechos Humanos, Jonan Fernández, que ha insistido en que «se trata de un importante fallo que confirma la constitucionalidad de la Ley y desestima los argumentos esgrimidos en su contra. La sentencia es muy clara en su contenido, no deja lugar a dudas y despeja el desarrollo de la ley a partir de este momento».

«Después de un recorrido difícil de más de seis años, esta sentencia marca un punto de inflexión y es una oportunidad para profundizar en una convivencia basada en el reconocimiento de las víctimas, en la memoria crítica de lo que nunca debió ocurrir ni debe repetirse, y en una apuesta de futuro basada en el respeto al pluralismo y a los derechos humanos», ha subrayado.

Además, ha indicado que, desde el punto de vista jurídico, la sentencia «confirma» que el Gobierno de Gasteiz «está legitimado para reconocer y reparar a víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política causadas por funcionarios públicos o particulares». Y establece que el procedimiento elaborados, así como la Comisión de Valoración, «son plenamente constitucionales en los términos establecidos por la ley».