Los diputados generales de las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que el Real Decreto Ley relativo a medidas financieras aplicables a las entidades locales de régimen común, no es de aplicación para las entidades locales de los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con impulso del PSOE en ambos casos, establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Ejecutivo, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas, y después, desde 2020, el Gobierno revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses.

Tras analizar el acuerdo y ante las manifiestas diferencias existentes entre los municipios de régimen común y los de territorio foral, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa recuerdan que el mismo no afecta a la estructura y sistema municipal de la CAV. En este sentido, señalan que en la CAV, «la tutela financiera de las entidades locales de cada territorio corresponde a las diputaciones forales».

Además, han apuntado que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son las Normas Forales las que regulan «la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales», y que «cualquier decisión o acuerdo relativo a la financiación y sostenibilidad de las instituciones vascas deberá ser adoptada  en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico».

Finalmente, los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa concluyen que, en consecuencia de la singularidad foral aplicable a nuestros municipios, «no se contempla la aplicabilidad de lo dispuesto en el citado Real Decreto Ley» en los municipios de la CAV.

«Atropello» a los ayuntamientos navarros

Por su parte, EH Bildu mostraba este martes su «rechazo más rotundo» al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la FEMP, y exigía que se dé marcha atrás en esta decisión que considera un «atropello» a los ayuntamientos navarros.

Quien también ha criticado el acuerdo ha sido Quim Torra. El presidente de la Generalitat de Catalunya ha enviado este jueves una carta a los ayuntamientos catalanes en la que ha anunciado que la Generalitat interpondrá un recurso de inconstitucionalidad «contra la decisión unilateral del Gobierno sobre el uso de los remanentes municipales».