La situación sanitaria a la que ha llegado la Comunidad de Madrid era tan evidente, se veía tanto venir, que intentar hacer un juego de intertexto con el célebre título del libro de García Márquez ‘Crónica de una muerte anunciada’ resulta trillado. Nadie que viva en la tercera región más poblada del Estado ponía en duda que la segunda ola de la pandemia del coronavirus iba a golpear con fuerza e iba a poner contra las cuerdas al sistema de sanidad pública.  

Pues lo avizorado ya es un hecho y los números de algunas zonas madrileñas son muy preocupantes: en menos de un mes, la ocupación de camas de hospitales ha crecido del 9% al 21%, una de cada cinco está dedicada a pacientes de covid-19. La región no sólo lidera a nivel estatal la incidencia acumulada de casos (660 cada cien mil habitantes) sino que 14 de las 20 ciudades del Estado con más casos por habitantes pertenecen a la CAM. Las denuncias de los sindicatos de trabajadores sanitarios vienen creciendo al ver que están especialmente «tensionados» algunos hospitales y mejor ni hablar de las salas de atención primaria.

Forzados por la situación, la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, han anunciado este viernes tarde el confinamiento parcial (habrá libertad de movimiento sólo en el perímetro permitido) para 860.000 personas distribuidas en 37 áreas sanitarias, que representan el 13% de la población de la CAM pero el 25% de los casos de covid. Además se disminuye el aforo a la mitad de todos los lugares públicos, se cerrarán parques y se prohíben las reuniones de más de seis personas, tanto en la calle como en los velatorios y todo tipo de evento social.

Lo que hace dos meses hacía la Generalitat catalana en Lleida o Barcelona, o lo que hace unos días decidía el gobierno balear en Palma de Mallorca, o medidas tomadas en Nafarroa hace un par de semanas... el lunes llegarán a Madrid.

La solución llega tarde y por el lado que siempre es mejor que no venga: se restringe la libertad y los derechos fundamentales. Si el esfuerzo merece la pena para salvar vidas y evitar el colapso del sistema sanitario, es bienvenido. Pero, ¿hacía falta llegar a esto? La respuesta es un claro y contundente no.

Desde hace casi medio año, después del shock inicial, los especialistas y científicos han estudiado el comportamiento del virus y han quedado muchas cosas claras que en febrero no se sabían. No sólo en cuanto a los tratamientos (por eso la proporción de muertes por cantidad de contagios es ahora muy inferior al pico de la epidemia en abril) sino en cuanto a su propagación.

No hace falta citar a cada uno de los cientos de especialistas en sanidad pública que en sus miles de entrevistas señalaron la necesidad de fortalecer la atención primaria, contratar más personal, mejorar las infraestructuras, controlar la ventilación en los espacios cerrados y ambientes laborales y, sobre todas las cosas, establecer un sofisticado sistema de rastreo de contagios y de detección temprana.

Es en esto en lo que ha fallado, por negligencia o ideología, el Gobierno del PP (que, vale recordar, gobierna la CAM hace 26 años). Hasta hoy se cuenta con 480 rastreadores cuando hacen falta como mínimo 1.200. Lo ha admitido el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, quien en la confusa rueda de prensa brindada esta tarde en la Real Casa de Correos de Puerta del Sol ha admitido que intentarán llegar «a los 1.100 rastreadores para fin de mes y alcanzar los 1.500 más adelante». Es decir, que incluso para octubre el Gobierno madrileño ni siquiera tendrá los 20 rastreadores cada 100.000 habitantes que recomiendan los expertos (y como mínimo).

La escasez de rastreadores y la concentración de funciones en la atención primaria ha provocado que se afecte la detección temprana. No hay sospechado de contagio en el centro madrileño cuyo resultado no le demore más de seis días. Hay casos de hasta ocho días de espera. Ni en ese proceso ni después de las confirmaciones hay un seguimiento de las decenas de contactos que el infectado tuvo.  

A esta situación se añade la particularidad del área metropolitana de Madrid, que concentra alrededor del 80 por ciento de toda la población de la CAM. La ciudad y su periferia registran una de las densidades de población por kilómetro cuadrado más grandes de Europa. Especialmente en la zona sur del ayuntamiento y en el denominado «cinturón rojo» de la periferia sur se presentan situaciones de hacinamiento, especialmente en las familias de menores ingresos. Un cóctel perfecto para la propagación del coronavirus.

El Gobierno del PP y Ciudadanos, apoyado en la investidura por Vox, ahora apela a los confinamientos y las mayores restricciones tras perder seis valiosos meses en los que podría haber fortalecido la sanidad pública y preparar el escenario para la segunda ola. Pero si hasta han privatizado el sistema de rastreadores, contratando algunos vía empresa privada, no se puede esperar mucho más.

Las preguntas llueven por doquier sin respuesta: ¿Por qué no se fortaleció en personal la atención primaria y dejaron ir a los cientos de contratados durante el pico de la pandemia, como por ejemplo los médicos y enfermeros que prestaron servicio en Ifema? ¿Por qué se desmontó Ifema con tanta rapidez cuando podría estar preparado para auxiliar y destensionar? ¿Por qué no se implementaron antes, como en Catalunya, Baleares y Aragón, algunas medidas más restrictivas para evitar llegar al filo del colapso?

Un especialista en sanidad pública comentaba recientemente a quien escribe que una de las razones por las que se llega a esta situación es no sólo el neoliberalismo del PP y Ciudadanos que impregna toda su gestión, sino la red de relaciones entre la derecha gobernante y los empresarios que prestan servicios en concesión. Volcar fondos a la sanidad pública es dejar de darlos a la privatizada. Los valores y prioridades de la coalición que gobierna la CAM no pudieron exhibirse más en un ejemplo: el consejero de Sanidad anunció que las casas de juego y casinos permanecerán abiertos con aforo del 50%, mientras confinan a casi un millón de habitantes e impiden verte con más de cinco personas.

La apuesta del tandem PP-Cs es hacer creer que esto era inevitable y que si es así de malo es por la presunta poca colaboración del gobierno central. Pero no sólo no sucede lo mismo en todo el Estado sino que hay ejemplos muy concretos, como es el caso de Asturias: allí las camas ocupadas fueron del 0,2% al 2%, mantiene 66 casos por cada cien mil y las PCR positivas están por debajo del 5%. Los especialistas apuntan a la dotación que se le ha dado a la atención primaria y al sistema de rastreadores.

Pero si la pandemia está en primer plano, de fondo está la batalla política. Ayuso (seguramente con el acuerdo del presidente del PP, Pablo Casado) decidió hace tiempo hacer política desde la victimización y enfrentar al gobierno de Pedro Sánchez. Acechada por los intentos de una moción de censura (y por el nuevo juego de seducción entre PSOE y Ciudadanos), la presidenta madrileña radicalizó su discurso contra Moncloa y no ha cesado en situar a su comunidad autónoma como una discriminada por Sánchez.

La novedad es que este viernes ha decidido, al parecer, aparcar la crispación y ha llamado a abrir una «nueva etapa» en la relación con el gobierno central. Ha lamentado que llegue «demasiado tarde» la reunión con el presidente del Gobierno (será el lunes en la Real Casa de Correos) pero su tono ha sido conciliador. Las encuestas parecen mostrar que la crispación no ha rendido los frutos esperados.

Un párrafo aparte merece el vicepresidente Aguado, quien en la rueda de prensa ha tenido un discurso anti-política haciendo claramente política. «No hay que buscar culpables, es algo estéril. Hay un solo culpable que es el covid», ha dicho sin sonrojarse. También ha pedido «una tregua política, un paréntesis» en la confrontación con Moncloa y, olvidándose de las bajadas de impuestos que impulsó y el dumping fiscal de Madrid, ha reclamado al Gobierno del Estado que «comprometa los recursos que hacen falta». Para culminar un discurso para el olvido, ha dicho que «como liberal» esta de hoy ha sido «la decisión más difícil de su vida porque la libertad es sagrada». Insólito.

Los próximos 15 días serán clave para ver si baja la incidencia de casos por habitantes, que en algunas localidades supera el escandaloso 1.900 cada 100.000, como en el barrio Martínez de la Riva del distrito Puente de Vallecas. Pero también serán clave para la supervivencia política de Ayuso y su salida airosa, o no, de lo que puede convertirse en su tormenta perfecta.