El anuncio de que el Ayuntamiento de Donostia y la promotora han llegado a un acuerdo para que las viviendas de protección mediante precio tasado en Jolastokieta, en Altza, se vendan sin ninguna protección pone en evidencia, a juicio de Stop Desahucios, que «la especulación con viviendas construidas con dinero y suelo públicos, son ejemplos claros de que la VPO en propiedad no responde a las necesidades sociales». Este colectivo recuerda que recientemente se ha conocido que un particular ha puesto en venta por 515.000 euros una vivienda protegida que había perdido su calificación por el paso del tiempo en el paseo García Lorca, en la margen derecha del Urumea.

«La Ley de Vivienda Vasca aprobada ya hace 5 años, marcó el camino hacia el que debía orientarse la política de vivienda en Euskadi diciendo que a partir de este año todos los recursos públicos deberían orientarse hacia el alquiler social pero la propia Ley de vivienda Vasca recogía en su articulado una cuestión muy importante que ya se recogió en la Ley de Suelo de 2006, e incluso antes, como es la reserva para VPO de un mínimo del 40% del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto de la previamente materializada, en suelo urbano, y del 75% en suelo urbanizable», recuerda Stop Desahucios.

«Esta reserva para VPO es muy importante, pero el hecho de que hasta ahora se haya utilizado la misma para construir VPO en propiedad y tasada en vez de en alquiler (como en el caso de Jolastokieta), ha desvirtuado todo el modelo de vivienda social, modelo que no responde a las necesidades de los demandantes de vivienda tanto de Etxegintza como de Etxebide, en los que los demandantes de alquiler superan ampliamente a los de propiedad, y sus ingresos no les ofrecen la posibilidad de acceder a los préstamos bancarios», denuncia.  

«Es muy significativo que en el caso de Jolastokieta, de un cupo de inscritos en Etxegintza para VPO y Tasadas de más de 11.900 unidades convivenciales en 2018, según datos del Plan de vivienda 2019, se haya pasado a ‘desarrollar una acción comercial dirigida a 6.600 inscritos en 2019’, sólo 72 muestren interés y de ellos solo hayan quedado 20», señalan, antes de enumerar los motivos para que se haya llegado a esta situación: Unos precios elevados muy elevados para este tipo de viviendas de entre 212.000 y 256.000 euros más IVA. Estos precios seguro que superan a los de mercado en los municipios colindantes a Donosti con viviendas de mejor calidad que han atraído a muchos donostiarras a lugares como Astigarraga. Unos ingresos bajos entre los inscritos en Etxegintza para este tipo de viviendas ya que se reconoce un gran número de renuncias en esta promoción por parte de Etxegintza. El rechazo social hacia el Derecho de superficie de 75 años fruto de la arraigada cultura de la propiedad que existe».

Junto a ello, denuncia que el Ayuntamiento de Donostia no haya aprovechado el suelo cedido a Etxegintza en Jolastokieta para construir vivienda protegida y haya optado por promocionar la libre para lograr una recaudación de 700.000 euros. «Desgraciadamente los partidos del Gobierno Municipal siguen considerando que invertir en alquiler protegido es un gasto y no una inversión o un servicio público como lo es la sanidad o la educación, y siguen beneficiando a las clases altas que pueden acceder a los préstamos bancarios», subraya.