La Cámara de los Comunes ha dado este martes luz verde a la legislación que otorgará al Gobierno británico la capacidad para modificar de manera unilateral los mecanismos acordados con la Unión Europea (UE) para mantener abierta la frontera entre las el norte y el sur de Irlanda tras el Brexit.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara para aprobar por 340 votos frente a 256 la llamada ley de Mercado Interno, que ha enturbiado las negociaciones sobre la futura relación entre Gran Bretaña y el bloque comunitario, que continúan esta semana.

La legislación pasará ahora a la Cámara de los Lores, donde los conservadores no tienen mayoría. Con todo, si la Cámara Alta introdujera cambios, estos deberían ser refrendados por los Comunes.

Bruselas ha exigido la retirada del texto antes de fin de mes bajo amenaza de iniciar acciones legales contra unos planes que a sus ojos violan el derecho internacional.

Johnson ha continuado por ahora adelante con la tramitación, si bien ha cedido a la presión desde sus propias filas para agregar una salvaguarda adicional, por la cual no podrá ejecutar los poderes que le otorga la ley para romper el acuerdo de salida de la UE firmado el pasado octubre si no obtiene primero el permiso explícito del Parlamento.

El jefe de Gobierno ha asegurado que no tiene intención de alterar el tratado si ambas partes llegan a un acuerdo sobre su futura relación antes de que termine el periodo de transición del Brexit, el próximo 31 de diciembre.

La portavoz de la oposición laborista para Empresas, Lucy Powell, ha alertado de que el texto respaldado hoy por los diputados «es una mala legislación que va en contra del interés nacional».

El plan del Gobierno «viola la legalidad» internacional y puede «romper el Reino Unido», ha advertido la laborista.

El ministro británico de Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Alok Sharma, ha sostenido por su parte que la cohesión del mercado interno británico es la «base de la prosperidad social y económica del país», y ha asegurado que el Gobierno está determinado a mantener los flujos comerciales «sin barreras regulatorias entre las diferentes partes del Reino Unido».

Con ese objetivo, Londres se reserva el derecho a eliminar las condiciones pactadas con la Unión Europea para regular los intercambios entre el norte de Irlanda y la isla de Gran Bretaña, diseñadas para permitir que la aduana con la República de Irlanda permanezca sin fricciones tras el Brexit.

La UE considera que violar ese pacto pone en peligro los acuerdos de paz en la región de 1998, que exigen ese paso sin obstáculos entre las dos Irlandas.