El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en el Congreso que el Gobierno cumple la ley penitenciaria y ha subrayado que «el Estado de derecho no es vengativo», en una respuesta a Vox en la que este grupo le ha acusado de «dinamitar la política penitenciaria de dispersión».

La realidad de los hechos es que una gran mayoría de EPPK sigue a cientos de kilómetros de casa en el Estado español, si bien con cuentagotas y tras una batalla legal aprobada por el Colectivo se van logrado algunos acercamientos y traslados a Euskal Herria, por lo que la ley está lejos de cumplirse.

Ajena a ello, la diputada de Vox Macarena Olona ha preguntado este miércoles a Grande-Marlaska en la sesión de control al Gobierno sobre si tiene voluntad de garantizar la ley, que en su opinión dicta alejar y dispersar, castigando así a las personas presas y también a sus familias.

Olona ha acusado al ministro del Interior de «aplaudir a EH Bildu y dinamitar la política penitenciaria de dispersión, otorgando privilegios penitenciarios a 95 etarras presos de un total de 220 que cumplían prisión en 2019». Los números son inferiores, entre otras cosas porque algunos movimientos presentados como acercamientos no lo son.

«Hoy negocian presupuestos por presos y discriminan, ya que recriminan que se diga 'Viva el Rey' mientras consideran libertad de expresión la expresión 'Gora ETA'», ha añadido Olona, tras asegurar que algunos de los partidos que integran el Gobierno estatal «son los que han alentado que se cometan desórdenes públicos en la Comunidad de Madrid por puro interés político».

El ministro ha contestado que el Gobierno se ciñe al «cumplimiento de la legislación penitenciaria» con los presos vascos, ha reiterado el discurso de que «fue el Estado de Derecho el que venció a la organización terrorista ETA» y ha añadido que «el Estado de derecho no es vengativo», algo que -ha dicho- «puede resultar ajeno» a Vox.

Marlaska ha asegurado que su ministerio, junto al resto del Gobierno y de instituciones, tiene «el firme compromiso de garantizar la ley y el ejercicio de los derechos y libertades para el conjunto de los ciudadanos».