NAIZ
MADRID

El TS rebaja entre 1 y 4 años las penas de inhabilitación a los tres condenados por el ‘caso Margüello’

El Tribunal Supremo ha rebajado entre uno y cuatro años las condenas de inhabilitación que la Audiencia de Bizkaia impuso en 2018 por prevaricación a los tres condenados en el ‘caso Margüello’, de irregularidades en contratos públicos de Osakidetza, al aplicarles atenuantes, entre ellas, la de dilaciones indebidas.

Los cuatro principales acusados del ‘caso Margüello’ en el inicio del juicio. (Marisol RAMIREZ/FOKU)
Los cuatro principales acusados del ‘caso Margüello’ en el inicio del juicio. (Marisol RAMIREZ/FOKU)

La Sala Segunda del TS ha acordado reducir de nueve a ocho años de inhabilitación la pena del ex director de Sanidad de Bizkaia, José Ramón Elorriaga; de nueve a cinco años y tres meses la del ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, y de siete a tres años y medio la de la que fuera su socia, María Nieves Fernández.

La Audiencia de Bizkaia condenó en de setiembre de 2018, por delitos de prevaricación, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público a Margüello y al exdirector de Sanidad de Bizkaia José Ramón Elorriaga, así como a siete años a la que fuera socia de Margüello, María Nieves Fernández, mientras que absolvió al exviceconsejero de Sanidad Rafael Cerdán.

La Fiscalía impugnó la resolución judicial y el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso y ha estimado parcialmente los presentados por los acusados.

Por ello, aplica a los condenados la atenuante de dilaciones indebidas y, en el caso de José Carlos Margüello y María Nieves Fernández, también la atenuante prevista en el artículo 65.3 del Código Penal que puede aplicarse al inductor o el cooperador necesario en quienes no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor.

La Audiencia de Bizkaia absolvió a los tres procesados de los delitos de malversación de caudales públicos y fraudes ilegales. Además, Margüello fue absuelto también del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.