Hay momentos en los que, cuando escuchas una comparecencia de PP o PSOE, te dan ganas de levantarte de la silla y, como diría cualquiera de mis colegas, clamar a los cuatro vientos: «¡Que huevos tienes, compañero!» Estas irrefrenables ganas de refutar a voz en grito los malabarismos lingüísticos de ciertos portavoces políticos españoles se han multiplicado en los últimos días con la suspensión de la consulta catalana por parte del Tribunal Constitucional y el discurso unívoco de la «gran coalición» antiurnas formada por Génova y Ferraz. Cada vez que Mariano Rajoy o Pedro Sánchez se parapetan en el argumento de que hay que prohibir las urnas porque «la soberanía reside en el pueblo español», me dan ganas de responder: ¡135!. En el momento en el que PP y PSOE insisten en la falacia de que preguntar democráticamente «atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles», reiteraría, sin necesidad de levantar la voz, con aquella fatídica cifra: 135. Y si todavía siguen, cual don Erre que Erre, en la contumaz trampa dialéctica que afirma que «unos pocos» no pueden decidir por «todos», repetiré irremisiblemente aquel trágico artículo de la Constitución que ambos modificaron en un fin de semana: 135.

Eso de que la Carta Magna es un búnker inamovible e infranqueable para las naciones sin Estado constituye, en términos democráticos, un argumento tan endeble como el apoyo que tuvo aquel texto cuando fue sometido al dictamen en las urnas en Euskal Herria. En el Estado, el razonamiento sirvió durante algún período. Pero aquí y ahora, en un momento en el que el nivel de deserciones en el bloque que se creyó el régimen de 1978 no hace sino incrementarse a pasos agigantados, es insostenible. Especialmente, cuando se constata que los que utilizan la Constitución como pétreo escudo frente a las urnas son los mismos que la modificaron sin pestañear al toque de corneta de la Troika. Si Rajoy dice que la soberanía del Estado pertenece a «todos los españoles», ¿se puede saber por qué se la regaló a los mercados hace tres años poniendo el pago de una deuda que ni siquiera es de los ciudadanos por encima de sus derechos sociales? El cinismo llega a cotas estratosféricas cuando representantes del PSOE abogan por incluir estos derechos dentro de una hipotética reforma constitucional que suena al ofrecimiento de autonomía a Cuba cuando esta ya era un Estado independiente. Hay que tenerla de cemento armado para sugerir la inclusión de unas garantías sociales en la Carta Magna cuando tú mismo los convertiste en espejismo priorizando las ganancias de las élites financieras. Obviamente, la democracia no es lo que defiende el establishment español, sino uno de sus grandes temores. 

Que sea el TC el que pone un freno a la democracia en Catalunya no deja de ser simbólico. Son los mismos magistrados políticos que se ciscaron en lo votado mayoritariamente por los catalanes en el Estatut de 2006 y el mismo tribunal a las órdenes de PP y PSOE al que se recurren leyes que chocan con los tejemanejes pactados entre las élites políticas y económicas con la Troika. Como ejemplo, el recurso a la norma navarra antidesahucios, que fue apelada por el Gobierno siguiendo órdenes directas de la Comisión Europea, tal y como reconoció el propio comisario Oli Rehn. En este contexto, al Estado le resulta terriblemente difícil defender que un acto tan saludable y civilizado como votar constituya una agresión contra nada. Por eso, no caben medias tintas. Actualmente en el Principat hay una rebelión democrática. Por un lado, los demócratas, liderados por una activa sociedad civil. Por el otro, el bloque del «no» que ha convertido el cinismo en su principal «modus operandi». Quienes defendemos un cambio político y la posibilidad de que todos los proyectos puedan ser llevados a la práctica, tanto en Euskal Herria y Catalunya como en el Estado, no podemos quedarnos en casa.