No sabemos qué llevó a dos mujeres a matar a tiros de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, cuando se dirigía a la sede del PP en la localidad. Ni siquiera sabemos si fueron ellas, aunque todas las filtraciones policiales les señalen desde el minuto cero de su arresto. En caso de que así fuera, desconocemos, más allá de trazos gruesos e improvisados, cuál era su situación personal, si pasaban apuros económicos, si conocían a la víctima de vista o habían mantenido una relación de amistad e, incluso, si se encontraban en plena posesión de sus facultades mentales. Sin embargo, ya tenemos diversas teorías magistrales que explican un todo sin aristas a partir de un hecho trágico como es una muerte violenta de la que apenas tenemos datos. Algunos, los menos, convirtiendo a madre e hija en una versión moderna de Mateo Morral. La mayoría, desde la derecha, tratando de aprovechar mezquinamente el suceso para criminalizar una protesta social y un descrédito de la clase política que, hasta que se demuestre lo contrario, poco tiene que ver con los sucesos de León.
Por el momento, lo único que está claro es que, nada más conocerse la noticia, se activó el mecanismo que operaba en un contexto de confrontación armada en Euskal Herria. Primero, la condena. Después, la suspensión de los actos electorales pero no de la actividad política ordinaria en el Congreso o el Senado. Con esta rápida reacción se lanza un mensaje de «cierren filas» que, en este caso, presenta la problemática de no saber contra qué. Porque, a medida que conocemos más detalles, las sospechas ubican cada vez más el suceso en términos de Puerto Hurraco. Ante este panorama, uno se plantea si las condenas y todo el protocolo son patrimonio de las víctimas de la violencia política o si se extienden también a los políticos que son víctimas de hechos violentos, sea cual sea su naturaleza. Como decía mi amigo Tristán en Facebook, «dudo mucho que sea un caso más de un problema social como puede ser la violencia machista, el que se suicida por la crisis, una víctima de racismo o cualquier otro crimen que sea un síntoma de algo mayor».
Sin duda, esta respuesta institucional ha ayudado a politizar un hecho que, probablemente, vaya desplazándose hacia las páginas de sucesos. En términos individuales y sin más explicaciones elevadas. Como ocurren en tantas ocasiones de las que solo tenemos noticias a través de los detalles más escabrosos. Sin embargo, el ruido se ha adueñado del discurso público y las urgencias nos han llevado a establecer relaciones de causa-efecto a través de datos incompletos que, en menos de media hora, son refutados por otras revelaciones que contradicen a las anteriores o aportan un matiz a la brocha gorda. Ruido, muchísimo ruido, y elevándose por encima, la bajeza moral de quienes, con rictus compungido, tratan de aprovechar políticamente el suceso para protegerse de quienes les señalan como responsables de una crisis que, en este caso sí, acumula víctimas que solo pueden explicarse en términos políticos y sociales.
No todo tiene una explicación absoluta. De hecho, la mayoría de ocasiones esta necesita de una reflexión, y es mejor respirar antes de exponer nuestras filias y fobias en público. Llevamos demasiado tiempo acostumbrados a hacer lo contrario.