De todas las personas palestinas detenidas por las fuerzas israelíes, Malak al-Khatib se convirtió, a sus 14 años, en una de las más jóvenes y en una de las pocas de sexo femenino. Al-Khatib fue liberada el pasado 13 de febrero de una prisión israelí y recibida por familiares y amigos tras dos meses en la cárcel por «delitos contra la seguridad».

Los pormenores de lo que pasó con esta niña palestina se conocieron solo después de que una apelación judicial levantara una orden israelí de prohibición de informar sobre el caso, tras una campaña mundial por su liberación. La joven, oriunda de la localidad de Beitin, cerca de Ramalah, fue detenida en diciembre de 2014 y, más tarde, acusada de arrojar piedras y de estar en posesión de un cuchillo. Ella asegura que las confesiones fueron obtenidas por la fuerza durante los interrogatorios, una práctica que, como han denunciado varias organizaciones internacionales, es sistemática y habitual. Al-Khatib fue condenada a dos meses de prisión, tres meses de libertad condicional y una multa equivalente a unos 1.500 dólares.

Según la organización independiente Military Court Watch, actualmente hay 151 niñas y niños palestinos encarcelados por «delitos contra la seguridad» en los territorios ocupados e Israel, y cerca del 47 por ciento se encuentran en prisiones de Israel, lo que, a juicio de dicha organización, contraviene la Convención de Ginebra «por limitar la capacidad de visita de sus familiares y abogados de Cisjordania y Gaza».

Por su parte, Defence for Children International Palestine (DCIP) ha informado de que en diciembre de 2014 había encarcelados diez menores palestinos de entre 10 y 15 años y añade que los soldados o policías israelíes han llegado a arrestar a niños de apenas ocho años. «Las fuerzas israelíes detienen aproximadamente a mil niños y niñas cada año en la ocupada Cisjordania», asegura el organismo internacional.

Malos tratos. Pero la preocupación de las organizaciones de derechos humanos va más allá del arresto en sí de estos niños y niñas y se centra también en el trato que reciben durante el interrogatorio y posterior encarcelamiento. En 2013, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció a las autoridades de Israel en su informe “Children in Israeli military detention” por el empleo de «la intimidación, las amenazas y la violencia física para forzar confesiones de los niños palestinos». Niños y niñas «fueron amenazados de muerte, violencia física, aislamiento y agresión sexual, contra ellos mismos o contra un miembro de su familia», señala el informe.

A fin de ahondar en estos supuestos, la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) habló con dos adolescentes palestinos del campo de refugiados Jelazon, cerca de Ramalah, que fueron golpeados, maltratados durante el interrogatorio y encarcelados bajo la acusación de arrojar piedras y cócteles molotov a las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes. Jalil Jaled Najli y Ahmed Othman Safi tienen 17 años cada uno.

Según estos testimonios, un centenar de soldados israelíes fuertemente armados, con máscaras en los rostros, derribaron la puerta y tomaron por asalto la casa de Jalil Jaled Najli en la madrugada del 11 de agosto de 2014, aterrorizando a sus seis hermanos y hermanas menores. «Los soldados me rompieron el brazo al golpearme mientras me arrestaban. Me acusaron de arrojar piedras a los colonos israelíes del asentamiento de Beit El, cerca del campamento Jelazon», contó Najli a IPS. El joven fue llevado a una prisión israelí donde, según consta en las denuncias, fue maltratado durante el interrogatorio y finalmente condenado a seis meses de prisión, a pesar de que se negó a admitir los cargos que se le imputaban.

La casa de Ahmed Othman Safi, amigo de Najli, fue allanada de manera similar en la madrugada del 7 de setiembre del pasado año. Esta vez, los soldados utilizaron explosivos para abrir la puerta. Safi acabó ensangrentado y con fractura de cráneo tras los golpes recibidos en la cabeza con la culata de las armas de los militares que le detuvieron. Todavía hoy, el joven tiene una brecha de dos centímetros de ancho, donde el pelo se niega a crecer, como cicatriz permanente. «Me condenaron a seis meses de prisión aunque no pudieron obligarme a confesar», dice Safi, quien hace hincapié en el trato recibido y en la sensación de impotencia: «Todos nos sentimos frustrados por la forma en que nos trataron y eso solo exacerba nuestra ira contra la ocupación».

Un mismo «delito», dos sistemas jurídicos diferentes. «Dos niños, uno judío y otro palestino, acusados de cometer el mismo acto, como el lanzamiento de piedras, recibirán un tratamiento sustancialmente diferente de dos sistemas jurídicos diferentes», denuncia la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) en el informe “One Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank”. «El niño israelí tendrá todos los derechos y protecciones concedidos a los menores de edad bajo la ley israelí. Su par palestino tendrá derechos y protecciones limitadas, que no garantizan su salvaguarda física y mental», se puede leer en el informe.

Además, en muchos casos, la ley penal aplicable a los menores palestinos es más estricta e incluso más severa que la aplicada a los adultos israelíes. «Si Malak al-Khatib hubiera sido arrestada por actividad violenta como una niña israelí habría tenido ciertos derechos. Pero estos les fueron negados por ser palestina», afirma el portavoz de ACRI, Nuri Moskovich.

Las décadas de gobierno militar israelí “transitorio” en los territorios ocupados dieron lugar a dos sistemas jurídicos separados y desiguales que fomentan la discriminación entre israelíes y palestinos. La diferenciación legal no se limita a la seguridad o a los asuntos penales, sino que afecta a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. «Una serie de decretos militares, fallos legales y modificaciones legislativas generaron una situación en la que los ciudadanos israelíes que viven en los territorios ocupados permanecen bajo la jurisdicción de la ley y el sistema judicial israelíes, con todos los beneficios que esto conlleva», señala ACRI. «Por el contrario, los palestinos en Cisjordania están sometidos al derecho militar mucho más estricto, que consiste en órdenes militares dadas por los generales israelíes desde 1967», añade Moskovich.