16/09/2015

Cuatro detenidos por recordar a Luzia Urigoitia para la que Lakua pide memoria

La Guardia Civil detuvo ayer a cuatro personas por un acto de memoria a Luzia Urigoitia realizado en Otxandio, recordando que en 1987 ese mismo cuerpo la mató con un disparo «prácticamente tocando la piel».

Iñaki IRIONDO|GASTEIZ
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El 23 de julio de 1987, la Guardia Civil entró en un piso de Trintxerpe donde sospechaban que había un comando de ETA y tras un tiroteo mató a Luzia Urigoitia. Según el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia, la joven de Otxandio recibió «dos disparos en dos momentos distintos». La bala que se introdujo cerca de la nuca fue percutida «prácticamente tocando la piel», mientras estaba tumbada baca abajo y malherida por otro disparo en el abdomen. Según el informe forense, «el orificio abierto por la bala tiene contornos chamuscados, característica de un disparo a quemarropa, y restos del pelo de la joven». Todos los indicios apuntan a una ejecución extrajudicial.

Cuando se investigaban las circunstancias de la muerte de Urigoitia, y según una «nota informativa» del Cesid, agentes de la Guardia Civil vuelven a hacer acto de aparición. A tenor de un documento interno de la «inteligencia militar», el capitán de este cuerpo, José Pindado, entró en el domicilio del juez que llevaba el caso para alterar pruebas y tratar de hacerlas coincidir con la versión oficial, que hablaba de un intercambio de disparos y de un tiro que entró por el cuello, es decir, de frente.

Ayer, nuevamente –y otra vez de madrugada– la Guardia Civil volvió a irrumpir en la memoria de Luzia Urigoitia, con la detención de cuatro personas en Otxandio a las que el Ministerio de Interior acusa de haber organizado el 25 de julio un acto en su recuerdo. Los arrestados, Amaiur Lopez de Lacalle, Aitor Uribe, Miren Soloeta y Asier Duran, han sido acusados de «enaltecimiento del terrorismo».

Fuentes policiales citadas por Europa Press indicaron que el operativo, ordenado por el juez Eloy Velasco, se inició minutos antes de las 6.00 de esta mañana. Según informaron a NAIZ fuentes cercanas a los detenidos, los arrestados iban a ser conducidos a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, y se esperaba que hoy pasen a disposición judicial en la Audiencia Nacional española. La previsión es que después queden en libertad.

Según testigos, la detención de Miren Soloeta fue especialmente cruel, puesto que agentes de la Guardia Civil la abordaron cuando llevaba a sus hijos a la ikastola; «dejaron solos a los niños y se la llevaron».

Tras las detenciones, se efectuó un registro del Gaztetxe, donde según la nota oficial se encontró material relacionado con el acto de recuerdo.

Aviso del ministro

Con las cuatro detenciones de ayer, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dio por cerrada, al menos «por el momento», la operación de la Guardia Civil. Señaló que «conviene leerse el artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo», aprobada «prácticamente por unanimidad» en la pasada legislatura, en el que se recoge que «el Estado y las instituciones públicas en general tienen el deber de amparar y proteger el derecho de las víctimas a su dignidad y oponerse a todo acto que suponga enaltecimiento de los terroristas y humillación de las víctimas»,

El ministro avisó de que el Gobierno pretende «que el Estado de Derecho se imponga» y «quienes llevan a cabo actos de enaltecimiento a los terroristas y de humillación a las víctimas del terrorismo tengan claro que, en cumplimiento de lo que dispone la Ley van a ser adecuadamente perseguidos».

Retratos de víctimas de Lakua

Pero se da la circunstancia de que Luzia Urigoitia figura como víctima en los «Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida» hechos públicos por el Gobierno de Lakua para «contribuir a esa tarea colectiva de un reconocimiento que debe llegar a todas las víctimas guiado por el principio de igualdad y no discriminación».

Este documento, según consta en el mismo, «pretende ser una herramienta útil para que los responsables municipales puedan abordar proyectos memoriales. Se trata de responder al deber institucional de impulsar una memoria crítica frente a la violencia padecida en el pasado. Una memoria que mantenga vivo el recuerdo de las víctimas y que proyecte al presente y al futuro un compromiso definitivo con los derechos humanos y, en especial, con el respeto al derecho a la vida y a la dignidad de las personas».

En el caso de Luzia Urigoitia, que figura tanto en el retrato municipal de Otxandio, su localidad natal, como de Pasaia, donde falleció, se destaca que la autoría de su muerte corresponde a la Guardia Civil, que recibió «disparos de arma de fuego, en dos momentos distintos» y que «la autopsia indicó que uno de los disparos fue realizado a menos de dos palmos, en la parte lateral del cuello».

Denuncias de la operación

Conocida las detenciones, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, y la parlamentaria de EH Bildu Maribi Ugarteburu denunciaron que «este pueblo realiza un apuesta continuada por dar cauce al nuevo tiempo político» y el Estado «ha vuelto a responder como acostumbra, de manera salvaje, y, ante la falta de argumentos, ha vuelto a actuar con la violencia». Insistieron en que «la solidaridad y la memoria no son delito en una sociedad democrática»
Aralar, por su parte, calificó la redada de «insensatez» y la enmarcó en «el intento de imponer un único relato manipulado sobre el conflicto político vasco». También Ernai lo vio como un intento de manipular la memoria, ante la que es preciso rebelarse. Y el Ayuntamiento de Otxandio aprobó una declaración en la que solicita la puesta en libertad de los cuatro detenidos y pide que se investigue la muerte de Urigoitia. 

 

Indicios de ejecución sumaria archivada por «falta de pruebas»

«Entre los gritos que algunos vecinos dicen haber escuchado figuran expresiones pronunciadas en distintos momentos como: ‘Detente, he dicho que quieto, quieto’ y ‘No seas bárbaro, no lo hagas, no lo hagas’, y otra: ‘¿Qué vais a hacer?’, adjudicada a la otra mujer detenida en el piso, Alicia Pereira». Así relataba en 1987 “El País” parte de la confusa operación policial en la que resultó muerta Luzia Urigoitia. Después abrió su primera página con el contundente titular de «La ‘etarra’ muerta recibió un tiro en la nuca a bocajarro».

Los «retratos municipales» elaborados por el Gobierno de Lakua recuerdan que Luzia Urigoitia «estudió Secretariado. Ayudaba en el caserío, cuidaba menores y trabajó de peón caminero para la Diputación. Marchó como brigadista a Nicaragua. Militante de ETA, se escapó en 1985 a Iparralde». Después, según otras fuentes, llamó un día a casa para decirles que no esperaran noticias suyas en una larga temporada. Lo achacó a que en el exilio se habían endurecido las cosas. Lo siguiente que supieron de ella es que murió en un piso de Trintxerpe, cuando la Guardia Civil entró a tiros.

La versión oficial –cambiante con el tiempo para adecuarse a las pruebas– habló de intercambio de disparos. Los indicios apuntan a que el último de esos disparos fue a cañón tocante, en la nuca y cuando Urigoitia yacía boca abajo, tendida en el suelo con otro tiro en el abdomen. Lo que se conoce como una ejecución extrajudicial o sumaria.

Los problemas para la investigación judicial del caso comenzaron pronto. El forense Paco Etxeberria, en una entrevista en GARA, recordaba que «esa gente vivía con tal impunidad que se asombraban de que un juez pudiera pretender, ni se pudiera atrever, a interrumpir su trabajo. Quizás el ejemplo más grandioso fue la muerte de Lucía Urigoitia, cuando (...) el Juzgado de San Sebastián, a través de la Fiscalía, se plantea entrevistar a los compañeros de Urigoitia que en esos momentos estaban en el piso, porque la versión que nos daba la Guardia Civil era de broma. Cuando eso se hace molesta tanto a la Guardia Civil que hay una reclamación oficial al juez de San Sebastián, en la que acaba interviniendo el Consejo General del Poder Judicial. Vinieron en una inspección, argumentando que se había entorpecido la labor policial y que cómo era eso».

El caso vivió las habituales peripecias judiciales. El juzgado determinó que el disparo mortal se había producido «prácticamente tocando la piel», pero la instrucción se cerró por falta de pruebas. En 1995, “El Mundo” da cuenta de una «nota informativa» del Cesid que reconoce que se había entrado en dependencias oficiales y hasta en la casa del juez para alterar las pruebas. El caso se reabrió a instancias del fiscal Navajas, y tanto el Gobierno de Felipe González como el de José María Aznar se negaron a desclasificar esa información. Al final, el Tribunal Supremo obligó a ello. Pero como se trataba de una «microficha» que había estado en poder de Juan Alberto Perote, fuera de la custodia oficial, no se consideró que fuera una prueba suficientemente fiable y el caso volvió a archivarse.

Como dijo José Ramón Goñi Tirapu, gobernador civil de Gipuzkoa en 1987, había que «primar la efectividad policial a las garantías judiciales». I.IRIONDO

 

Silencio de la Secretaría de Paz y Convivencia de Lehendakaritza

La detención de cuatro personas por parte de la Guardia Civil en Otxandio –una de ellas cuando acompañaba a sus hijos a la ikastola– acusadas de haber organizado un acto de recuerdo a Luzia Urigoitia no provocó ayer ningún tipo de reacción de la Secretaría de Paz y Convivencia de Lehendakaritza, ni tampoco del portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka, que compareció ante los medios tras el habitual Consejo de Gobierno de los martes. Al parecer, ni las formas de cuatro detenciones con irrupción armada en el pueblo, ni el fondo de que se pretenda considerar apología del terrorismo recordar a una víctima mortal cuya memoria el propio Gobierno invita a mantener y reconocer, son motivo suficiente para que un pronunciamiento por su parte.I.I.