Había 18 acusados en el banquillo pero todos los ojos, también los de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, parecían estar puestos en una de ellas: Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, infanta de España, hermana del rey Felipe VI. Los encargados de acusar al resto de imputados ejercen de defensa de la infanta. El fiscal, Pedro Horrach, abogó por la igualdad de todos los ciudadanos y denunció que se pretende discriminar a Cristina de Borbón porque nadie en su condición se ha sentado en el banquillo de los acusados [lo que no es cierto]. Por su parte, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, alegó que el lema «Hacienda somos todos» tiene que circunscribirse «al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país» y no utilizarse, por tanto, para justificar que se admita su imputación con la única petición de la acusación popular.

En este “Caso Nóos” se juzga a Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres por malversación de hasta seis millones de euros, en base a contratos públicos obtenidos gracias a la relación familiar de Urdangarin con la Monarquía. Esto incluye además delitos fiscales, que son en los que se ve implicada Cristina de Borbón, dueña al 50% de la empresa instrumental Aizoon. Hay, además, otros 15 implicados: cargos de Nóos, de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, del Govern de Baleares y del Ayuntamiento de Madrid.

¿Doctrina Botín o Atutxa?

La jornada de ayer se dedicó a las «cuestiones previas», en las que las defensas suelen plantear motivos formales o de fondo para que sus clientes no sean juzgados o para que se admitan peticiones que habían sido rechazadas con anterioridad.

Lo que no suele ser habitual es que sean la Fiscalía y la Abogacía del Estado quienes pongan especial afán en que uno de los imputados no se siente en el banquillo de los acusados. Claro que tampoco es habitual ver en esa situación a la hermana del rey de un Estado.

El fiscal, la abogada del Estado y la defensa de Cristina de Borbón coinciden en que se le debe aplicar la llamada “Doctrina Botín” que empleó el Tribunal Supremo para archivar una causa contra el presidente del Banco de Santander. Según esta tesis, si no hay un perjudicado directo que pida un juicio y la Fiscalía tampoco lo hace, no hay causa. Se entiende que la acusación popular no es afectado directo.

Frente a esto, el propio TS estableció la “Doctrina Atutxa”, justificando seguir adelante solo con la acusación popular en los casos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos no existe posibilidad de personación de un interés particular. Entonces fue por un delito de desobediencia a los tribunales y ahora podría ser aplicable al fraude fiscal por el que se le piden ocho años de cárcel a la infanta.

La acusación popular, que en este caso ejerce Manos Limpias, se basa en esta segunda interpretación de la jurisprudencia del Supremo para exigir que la infanta siga en el banquillo de los acusados.

Además, adujo que «si se aplica este retorcimiento [“Doctrina Botín”] para aplicar el privilegio de inmunidad, se estaría realizando mucho daño no sólo a la justicia de este país, sino a la institución monárquica y a la propia infanta. Se le estaría negando el derecho a defenderse en un juicio justo y quedaría estigmatizada socialmente para todos los ciudadanos».

Pero está visto que la Fiscalía no va a cejar en su intento de salvar a Cristina de Borbón, y por la tarde Pedro Horrach presentó un informe de Hacienda, pedido por él mismo, como nueva prueba, con el fin de avalar su tesis de defensa de la infanta Cristina y Ana María Tejeiro (esposa de Diego Torres) de que una conducta que no fue considerada infracción administrativa tributaria tampoco puede ser delito.

La acusación popular criticó que el fiscal y la abogada del Estado no defiendan de igual forma a otros imputados a los que se les podría aplicar también la «Doctrina Botín».

Ausentarse del juicio

Tras las cuestiones preliminares, los interrogatorios comenzarán el 9 de febrero. El tribunal ratificó ayer su decisión de que cuando éstos acaben, en unas tres semanas, los imputados puedan dejar de asistir a las sesiones del juicio. La acusación pidió que estuvieran los seis meses que se prevé que dure el proceso y las defensas y el fiscal lo rechazaron, y lo tacharon de «monstruoso» e «irrazonable»

El proceso 18/98 duró 16 meses y los imputados tuvieron que acudir a todas las sesiones.