El temor y el rechazo a lo nuclear siguen muy presentes en Japón cinco años después de la catástrofe de Fukushima a pesar de la insistencia del Gobierno en volver a poner en funcionamiento los reactores que permanecen inactivos. El 55,3% de los japoneses rechaza su reactivación por miedo a que se repita la tragedia, frente a solo un 36,9% que apoya la medida, según las últimas encuestas, que indican que un 21% apuesta directamente por un apagón atómico. Una posibilidad que no comparte el Gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, quien en víspera del quinto aniversario de aquella catástrofe insistió en que Japón «no puede prescindir» de la energía nuclear.

«Nuestro país pobre en recursos no puede prescindir de la energía nuclear para asegurarse un suministro regular de energía, teniendo en cuenta consideraciones económicas y del cambio climático», volvió a insistir en pleno debate en el país sobre la reactivación de los reactores, parados tras el terremoto y posterior tsunami que provocaron la peor tragedia que ha golpeado al país asiático desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Tras un discurso de unos 15 minutos sobre los avances de la reconstrucción de la región devastada por un enorme tsunami el 11 de marzo de 2011, Abe respondía a preguntas sobre la política nuclear, al día siguiente de que un tribunal ordenara parar dos reactores de otra central recientemente reactivados.

«La Autoridad de Regulación Nuclear consideró que estos reactores estaban en conformidad con sus normas de seguridad, que son las más estrictas del mundo, en base a criterios técnicos y científicos», sostuvo Abe, quien agregó que «no había cambios» a este respecto. El primer ministro ya había dicho que la política del Gobierno era autorizar la reactivación de «todos los reactores nucleares considerados seguros por esta instancia independiente».

Hoy hay 43 reactores nucleares potencialmente explotables en Japón pero solo dos están en funcionamiento. Otros dos (Takahama 3 y 4) fueron reactivados, total o parcialmente, pero la Justicia obligó a pararlos.

El apagón nuclear tras Fukushima obligó al país a incrementar enormemente la importación de hidrocarburos, algo que lastra su balanza comercial.

El Ejecutivo de Abe, refrendado en las urnas en 2014, subraya que si Japón pretende dar un importante empujón a su economía, puede y debe volver a confiar en las nucleares.

Su tesis es apoyada por las eléctricas regionales y por las localidades que acogen las plantas nucleares y cuya economía depende casi por completo de su funcionamiento.

Japón, sexto emisor de gases de efecto invernadero, se comprometió a reducir sus emisiones en un 26% entre 2013 y 2030. Para lograrlo, la energía nuclear deberá suministrar entre el 20% y el 22% de la electricidad, según los compromisos de Tokio, un objetivo aún lejano. La proporción era de entre 25% y 30% antes del marzo de 2011.

Agua contaminada

Abe prometió también un «compromiso pleno del Estado respecto a la cuestión del agua contaminada en la central de Fukushima» y para favorecer la recuperación en la región.

La central afronta un incierto proceso de desmantelamiento, una tarea que se prolongará entre tres y cuatro décadas y a la que se suman los problemas para contener los vertidos de agua radiactiva y almacenar el combustible nuclear gastado.

Mientras, prosigue la reconstrucción de las zonas afectadas. La recuperación de las prefecturas de Iwate y Miyagi, donde el tsunami dejó más fallecidos, se ha visto ralentizada por la dificultad técnica y el coste que conlleva construir nuevas viviendas en zona más elevadas sobre el nivel del mar. En la de Fukushima, la situación es más compleja y no tiene visos de solución debido a los altos niveles de radiación que hacen inhabitables seis municipios.

Denuncian coacciones de Tokio para volver a zonas contaminadas

Greenpeace acusa al Gobierno japonés de estar forzando a la población que hace cinco años residía en los alrededores de la central nuclear de Fukushima a volver a residir allí o dejar de cobrar las ayudas, pese a que la zona sigue con niveles de contaminación que no se ajustan a los objetivos que se marcó el país.

Calcula que cerca de 100.000 personas siguen fuera de sus casas por la contaminación que se extendió a los alrededores de la central nuclear. «La mayoría se verán forzadas a volver a sus casas en 2017, aunque sus comunidades estén contaminadas», denunció.

Raquel Montón, responsable de Energía Nuclear de Greenpeace, acusó a Tokio de «hacer trampas» y decirles a los japoneses que los desplazados «están empecinados en que no se recupere su tierra» porque «no quieren volver a sus casas», y cree que el mensaje responde a una intención de volver a poner en marcha los 54 reactores nucleares paralizados tras el desastre. Criticó que se está «coaccionando» a los desplazados para quitarles las ayudas y forzarles a volver a casa. «Tú no puedes coaccionar a la gente para que no elija la salud o el nivel de salubridad que necesita para vivir», dijo.GARA