Arantxa MANTEROLA

UNA REPRESENTATIVIDAD DE MUCHO ALCANCE QUE NO SIEMPRE REFLEJA LA REALIDAD SINDICAL DE CADA TERRITORIO

Después de conocerse oficialmente la medición de la representatividad sindical y antes de dejar su cargo de ministra de Trabajo, Myriam El Khomri firmó el decreto que formaliza la atribución de los consejeros Prud’Hommes, instancia encargada de dirimir los conflictos por despidos. Debido al nuevo sistema, LAB se ha quedado sin representantes.

Con la repercusión que han tenido, y todavía siguen teniendo, las elecciones presidenciales y con las legislativas a punto de celebrarse, la publicación de los datos de la representatividad sindical hace mes y medio ha pasado casi desapercibida. Sin embargo, la cuestión tiene gran relevancia, ya que fija para los próximos cinco años cuáles son los sindicatos o confederaciones de trabajadores y organizaciones patronales a las que el Gobierno francés confiere oficialmente representatividad en todo lo que respecta a cuestiones del ámbito socioeconómico y laboral (interlocución en el diálogo social, legitimidad para negociar acuerdos colectivos, atribución de ayudas y subvenciones, normativa para la formación profesional…).

Es la segunda vez desde la reforma de 2009 que se realiza la medición para el reconocimiento del estatus de representatividad en el sector privado (la primera fue en 2013) en base a diversos criterios: respeto de los valores republicanos, independencia respecto a organizaciones políticas, número de afiliados y cotizantes, antigüedad mínima de dos años, transparencia financiera...

Uno de los criterios más importantes es el de la «audiencia», que se valora por los resultados de las diferentes elecciones habidas en los últimos cuatro años, a saber: entre 2013 y 2016 en las empresas de más de 11 empleados; en las realizadas en enero pasado para las pequeñas empresas (menos de 11 trabajadores); y en las que tuvieron lugar en enero de 2013 en las cámaras agrícolas para los asalariados del sector. Para ser considerado representativo a nivel estatal, un sindicato debe alcanzar como mínimo el 8% en las diferentes ramas profesionales.

Huelga decir que solo las grandes organizaciones sindicales y patronales consiguen ese label de representatividad. Así, con la medición publicada el pasado 31 de marzo y la evaluación del resto de parámetros, el Gobierno considera representativos para el periodo de los próximos cuatro años, por este orden, a CFDT (26,37%), CGT (24,85% y pierde el primer puesto que tenía antes), FO (15,59%), CFE-CGC (10,67%) y CFTC (9,49%).

En cuanto a las organizaciones patronales, cuya audiencia ha sido medida por primera vez en base a los mismos criterios y al número de empresas afiliadas y al de los trabajadores que emplean, es Medef quien obtiene, con un aplastante 70,72%, el primer lugar y CPME el segundo con un 25%.

Otras consecuencias

Además del ámbito estatal, se otorga el reconocimiento de representatividad si un sindicato ha obtenido por lo menos un 8% de los sufragios en su respectivo sector profesional o un 10% mínimo a nivel de la empresa, siempre y cuando respete el resto de criterios antes mencionados.

Este reconocimiento tiene también su importancia ya que sobre él se asientan cuestiones como la presencia en diferentes instancias, como la Comisión Paritaria Interprofesional a nivel regional y, en particular, en los llamados Tribunales o Consejos de Prud’Hommes. Este órgano con capacidad jurídica decisoria, que prácticamente solo existe en el Estado francés, está integrado por consejeros nombrados por los sindicatos de trabajadores y, en el mismo número, por la patronal, y por un juez profesional. Su principal función consiste en dirimir los conflictos derivados de los despidos.

Hasta ahora los consejeros eran elegidos por sufragio en comicios específicos que se realizaban a nivel de trabajadores y de empresarios cada cinco años. Las últimas elecciones tuvieron lugar en diciembre de 2008, por lo que ya hace cuatro años que debían haberse realizado las siguientes. Pero el Gobierno modificó el modo de designación de los consejeros vinculándolo, precisamente, a la medición de la representatividad sindical ahora conocida.

Así, el decreto que establece el número de consejeros-jueces atribuidos a cada organización sindical acaba de ser publicado. En el distrito de Baiona. que interviene en el ámbito de Ipar Euskal Herria (salvo en Zuberoa), las cuatro organizaciones patronales que han obtenido representación en los diferentes colegios (industria, comercio, agrícola, actividades diversas y cuadros) son Medef (14), CPME (6), FDSEA (3) y U2P (2). Entre los sindicatos de trabajadores, se han asignado consejeros a CFDT (9), CGT (9), FO (4), CFE-CGC (2) y UNSA (1).

LAB, sin Prud’Hommes

Como consecuencia del nuevo sistema que privilegia el marco regional para las empresas de más de 11 trabajadores y el departamental para el resto, el sindicato LAB se ha quedado sin ningún consejero (hasta ahora tenía cuatro). Jerónimo Prieto, que ha sido presidente del Consejo Prud’Hommes de Baiona, ha manifestado su disconformidad con las designaciones.

Primeramente, porque hay una falta de transparencia notoria en cuanto al modo en que se han contabilizado los apoyos de cada sindicato. «A día de hoy carecemos de los resultados exactos», denuncia poniendo en duda su exactitud. «Con tanto cambio del sistema de representación y de área de influencia (regional, departamental…), sabíamos que sería difícil conseguir consejeros en lo que respecta a las empresas del sector privado, pero en el marco de las elecciones de las cámaras agrarias en las que estuvimos presentes obtuvimos bastante buenos resultados, por lo que esperábamos obtener alguno», declara sin descartar eventuales recursos ante las instancias correspondientes una vez que hayan logrado cotejar los opacos resultados.

En segundo lugar, el representante del sindicato abertzale estima que, aunque teóricamente la reforma debía permitir que los sindicatos más pequeños tengan también su hueco en las instancias sociolaborales, la realidad es otra: «La contabilización de los resultados y las designaciones posteriores en base a ellos no reflejan la realidad de los territorios. Tanto es así que, en estos momentos en los que la presencia de nuestro sindicato se está extendiendo en más empresas y sectores de Ipar Euskal Herria, nos quedamos sin representantes prud’hommes».

Prieto sospecha que, a la postre, lo que persigue el Gobierno es que este estamento de resolución de conflictos tan genuino, cuyo origen se remonta a la Edad Media, «desaparezca y que todo recaiga en jueces profesionales que no tienen un conocimiento tan cercano del terreno». Un factor más que ratifica, según LAB, la necesidad de dotarse de instancias propias, para lo que cuentan con que la nueva Mancomunidad inscriba entre sus prioridades la asunción de competencias en materia socioeconómica.

 

Lla supremacía de los sindicatos reformistas puede favorecer a Macron

Dado que las mesas de diálogo social se establecen en función de la representatividad oficial, la composición en la que deriven de esta nueva medición pueden constituir un factor favorable para el nuevo presidente francés, puesto que los sindicatos reformistas son los que más peso tendrán ahora. Además, el Medef conserva su supremacía en el ámbito patronal.

Si se tiene en cuenta que el programa liberal de Emmanuel Macron contempla una serie de medidas y recortes que, a buen seguro, serán fuente de conflicto, la cuestión de las tendencias y formas de acción sindical de la interlocución social no es baladí.

«Todo dependerá de lo que proponga a las trabajadores», advierte Michel Larralde, secretario de la CFDT-Pays Basque. «Esperamos que priorizará el diálogo y el consenso a la imposición porque, si quiere pasar por la fuerza por encima de los derechos de los trabajadores, nos tendrá en frente y, si hace falta, no dudaremos en echarnos a la calle», manifiesta tras matizar que la política de su sindicato es pragmática y busca, sobre todo, el acuerdo. Además, considera que a Macron «le conviene mantener la paz social».

Jerónimo Prieto, de LAB, tiene claro que la composición de la mesa de diálogo social tendrá su repercusión en el nuevo panorama institucional: «Macron ha anunciado que se reunirá con los interlocutores sociales cuanto antes y que no impondrá sus medidas a decretazos [en referencia al artículo 49.3 utilizado por el Gobierno saliente]. Pero ha hablado de utilizar el mecanismo de la ordenanza, que consiste en que el Gobierno pide a la Asamblea Nacional por medio de una ley de habilitación la autorización para tomar medidas sin tener que someterlas a la aprobación parlamentaria. Por tanto, habrá que ver cómo queda la Asamblea Nacional y qué peso tendrán en la misma las diferentes fuerzas políticas, pero Macron, eso sí con más sutileza que Valls, puede llegar al mismo resultado».A.M.