Pocas veces se exponen públicamente y con tanta claridad las diferencias entre los Estados miembros en temas relevantes como lo hicieron el martes los ministros de Finanzas de Países Bajos, República de Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania.

Los ocho firmaron una declaración conjunta en la que reclaman la adopción de reformas estructurales y el cumplimiento de las reglas fiscales europeas a nivel estatal como primer paso en el futuro diseño de la eurozona, con lo que pretenden enfriar algunas de las propuestas más ambiciosas defendidas por la Comisión Europea y, especialmente, por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Este comunicado llega en un momento de debate en la UE sobre el futuro de la moneda única y tres meses después de que la Comisión plantease reformas profundas en la eurozona, que pasan por la transformación del fondo europeo de rescates en un Fondo Monetario Europeo, la creación de la figura de un “superministro” de Economía o la introducción de «nuevos instrumentos financieros», como un mecanismo de estabilización en situaciones de crisis.

Los cambios más ambiciosos están siendo impulsados por el Estado francés, que hasta ahora había encontrado un apoyo relativo de Angela Merkel que previsiblemente se verá reforzado tras el pacto de la canciller con los socialdemócratas para formar gobierno en Alemania.

Sin embargo, como indicó Europa Press, el documento firmado por los ocho estados citados resta ambición a los planes para profundizar en la arquitectura del euro (Dinamarca y Suecia no comparten la moneda única). «Una mayor profundización de la Unión Monetaria y Económica debe enfatizar un valor añadido real y no grandes transferencias de competencias a nivel europeo», defienden, para después abogar por reformas «necesarias» frente a reformas «bonitas». En su opinión, los socios deben adoptar antes de nada reformas estructurales internas y cumplir con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de forma que puedan crear «colchones» presupuestarios estatales para hacer frente a nuevas crisis económicas.

Por ello, únicamente aceptan iniciar las conversaciones sobre la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos cuando se hayan logrado «progresos suficientes» en las medidas para reducir los riesgos.

Fuera y dentro de la UE

Tan solo un día después, Bruselas dio otro golpe de efecto al señalar públicamente por primera vez a varios de los socios por desarrollar políticas de planificación fiscal poco acordes con el espíritu de las directrices comunes que todos dicen aceptar y que ya han dado lugar a la publicación de una “lista negra” de paraísos fiscales “foráneos”.

«Quiero subrayar el hecho de que, por primera vez, la Comisión está hoy (por el miércoles) enfatizando la cuestión de la planificación fiscal agresiva en siete países, que son Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos», comentó en una rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

«Estas prácticas tienen el potencial de debilitar la justicia y la igualdad de condiciones en nuestro mercado único e incrementan la carga sobre los contribuyentes europeos», añadió.

Estas declaraciones coincidieron con la publicación del llamado paquete de invierno del semestre europeo, una serie de informes en los que el Ejecutivo comunitario analiza los principales desequilibrios macroeconómicos de cada estado.

Moscovici asumió que los estados señalados ya han dado algunos «pasos» para «adaptar» su modelo fiscal, al tiempo que explicó que se reúne «regularmente» con los ministros de esos países para intercambiar opiniones y discutir qué medidas se pueden adoptar a nivel estatal. «Porque hay progresos –puntualizó–, pero si nombramos esta cuestión es porque creemos que claramente se debe hacer más. Debemos asegurar que una fiscalidad justa se convierte en norma, una norma sin excepciones fuera de la UE y también dentro de la UE».