El 155 sigue su curso. Tal y como avanzó a principios de semana el delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, el Consejo de Ministro decidió ayer destituir a la directora general de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Marina Falcó, y al director de la Escola de l’Administració Pública de Catalunya, Agustí Colomines. No solo eso, según se supo ayer, también ha utilizado la aplicación del 155 para personar a la Generalitat como parte acusadora en el proceso del Tribunal de Cuentas contra el expresident Artur Mas debido al 9N –le piden 5,2 millones de euros–.

En el caso de Falcó, la destitución se justificó por el hecho de que el exconseller de Cultura exiliado, Lluís Puig, participó la semana pasada en un acto celebrado en la delegación de la Generalitat en Bruselas, que todavía aguanta al 155. En cuanto a Colomines, que ha colaborado con GARA en más de una ocasión, según Millo, ha realizado «actuaciones destinadas a romper los cimientos de la convivencia», algo que según el delegado, que forma parte de un partido que tiene 4 escaños de 135 en el Parlament, ha motivado «la pérdida de la confianza».

Colomines, uno de los padres de Junts per Catalunya, denunció ayer que «como no han podido con la caza mayor, van a por la menor», y consideró que el objetivo del Gobierno español es «destruir la Administración catalana», en el marco de un proceso que pretende «deshacer las autonomías a trozos».

La decisión se tomó en un Consejo de Ministros tras el cual el portavoz del ejecutivo español, Iñigo Méndez de Vigo, salió en defensa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enfrascando en una pugna inédita con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, después de perjudicar el primero seriamente la acusación de malversación contra los dirigentes catalanes al rechazar que en el 1-O se gastase un solo euro público.

De hecho, según una información de “Público”, la Guardia Civil ocultó en sus informes a Llarena la información de Hacienda sobre la financiación del 1-O. Unos datos que sí que habría incluido en sus informes al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y a la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela. Sea como sea, lo normal es que el propio Llarena hubiese solicitado dichos informes a Hacienda, algo que prefirió no hacer, conocedor –pues era público– de que contradecían la tesis de la malversación.

Un «friendship» catalán

De forma paralela, ayer se presentó en Barcelona la plataforma Diàleg UE-Catalunya, formada por una cuarentena de eurodiputados de diversos países y encabezada por Ivo Vajgl, exministro de Exteriores esloveno y miembro del grupo ALDE –el mismo en el que participan PNV, UPyD y Ciudadanos–. Apoyan la autodeterminación y exigen una solución negociada al conflicto abierto entre Catalunya y el Estado español.

Ciudadanos ofrece la candidatura de Barcelona a Manuel Valls

El ex primer ministro francés Manuel Valls, un señor que vive desde pequeño en París, está pensando presentarse a las elecciones a la Alcaldía de Barcelona al frente de la candidatura de Ciudadanos. Así lo señaló ayer el propio Valls y confirmó posteriormente el líder del partido naranja, Albert Rivera, que defendió la candidatura del ex primer ministro, que trata de volver a primera línea tras su estrepitoso fracaso en la política francesa.

«Me interesaría continuar en el debate independentista y voy a estudiarlo», aseguró ayer el propio Valls.GARA