Ion SALGADO
BRUSELAS

Europa aboga por «restañar las heridas abiertas»

Los eurodiputados escucharon ayer el relato de las víctimas del 3 de marzo de 1976, que comparecieron en la Comisión de Peticiones para exigir justicia. La presidenta de la comisión, Cecilia Wikström, anunció que enviará una misiva al Ministerio de Justicia español y preguntará a la Comisión Europea qué pasos se pueden dar para dar continuidad a la denuncia de Martxoak 3. «No es fácil, pero de momento es todo lo que puedo proponer», manifestó.

El Parlamento Europeo enviará una carta a las autoridades españolas para «hablar de las heridas que todavía están abiertas y se pueden restañar». Está es la decisión adoptada por la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Cecilia Wikström, tras escuchar a Andoni Txasko y a Nerea Martínez, integrantes de Martxoak 3. «Escribámosles y planteemos esta cuestión, digámosles que nos ha llegado esta petición y hablémosles de los argumentos esgrimidos por parte de los peticionarios», manifestó antes de anunciar que remitirán otra misiva a la Comisión Europea para analizar la posibilidad de realizar un estudio sobre las actuaciones memorialistas realizadas en el Estado español. Además, solicitarán información sobre los pasos que se pueden dar para atender las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la violencia estatal.

«No es fácil, pero de momento es todo lo que puedo proponer», señaló Wikström con la vista puesta en Txasko y Martínez, que pidieron a las autoridades comunitarias que pregunten a Madrid por qué no ha atendido los exhortos de la jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes cometidos durante el franquismo y la transición. Y pidieron a la Unión Europea que analice las vulneraciones del derecho internacional en las que ha incurrido el Estado español, que se ampara en la Ley de Amnistía para dar carpetazo a crímenes de lesa humanidad, declarados imprescriptibles por la ONU. «Nuestro caso es la punta del iceberg de la discriminación que sufren las víctimas del franquismo, que merecen una mirada solidaria desde Europa. Les pedimos que nos ayuden para lograr verdad, justicia y reparación, y terminar con la impunidad de los crímenes del franquismo», indicaron.

Respuesta de la Comisión

Estas palabras emocionaron a la representante de la Comisión Europea, quien reconoció que «cuando escuchas esto sientes que este crímenes del pasado vuelven al día de hoy. Nos han demostrado que no ha hecho justicia». Sin embargo, recordó que las autoridades europeas «no somos competentes para dar respuesta a ciertos temas que tienen que ver con la Administración de Justicia y con la manera en la que los jueces imparten la Justicia».

Tras su intervención tomaron la palabra los eurodiputados, que coincidieron en la necesidad de mantener abierta la petición. «Puede ser un momento histórico para abordar la memoria histórica en el Estado español, para empezar a conocer la verdad, para hacer justicia», afirmó la representante jeltzale, Izaskun Bilbao, que insistió en la necesidad de aplicar la legislación internacional en el caso de las víctimas del 3 de marzo.

Una opinión compartida por Ángela Vallina, del grupo confederal de la Izquierda Unitaria Europea. «Todos los estados deben colaborar con las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Pero esta colaboración no existe en este caso», subrayó antes de pedir al Parlamento y a la Comisión Europea que evalúen el grado de cumplimiento de los acuerdos europeos por parte del Estado español, «el segundo con más fosas comunes en el mundo».

Ana Miranda, política del BNG que ha tomado el relevo de Josu Juaristi (EH Bildu) en la Eurocámara, también recordó que en el Estado español existe una fundación que lleva el nombre de un dictador que está enterrado en un tétrico mausoleo construido por presos políticos; y mostró su esperanza en que esta situación pueda cambiar con el desalojo de Mariano Rajoy de La Moncloa. Desde Podemos, el eurodiputado Benito Zuluaga censuró la impunidad vigente en el Estado español, e incidió en el papel que debe jugar la UE en la búsqueda de justicia para todas las personas represaliadas por el franquismo.