Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC-EP en las conversaciones de La Habana, confirmó ayer mediante una carta que este viernes no cogerá su acta de senador en denuncia de los cambios sustanciales a los acuerdos firmados con el Gobierno en noviembre de 2016, en especial, en lo referente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Márquez adelantó su intención de no jurar su cargo como senador tras la detención el pasado 9 de abril y posterior encarcelación del también negociador plenipotenciario Jesús Santrich, acusado por EEUU de narcotráfico y que podría ser extraditado a ese país.

En una carta pública difundida ayer, Márquez expuso «circunstancias insalvables» para entrar a formar parte del Congreso. Entre ellas citó expresamente la situación de Santrich, la modificación de lo pactado con el Gobierno de Juan Manuel Santos y la falta de condiciones para el «tránsito de la rebelión armada a la política legal».

Denunció el «montaje judicial urdido por el fiscal general y la DEA, que hoy tiene injustamente tras las rejas a Jesús Santrich y entre la vida y la muerte al proceso de paz», y las modificaciones realizadas a la JEP durante su tramitación en la Cámara de Representantes y en el Senado. Afirmó que el texto original pactado en La Habana difiere totalmente del actual.

«Siento que la paz de Colombia está atrapada en las redes de la traición, y no tanto porque no se haya materializado lo acordado –que requiere unos tiempos para su concreción–, sino por las modificaciones introducidas que desfiguraron el acuerdo. Los artífices locos de ese Frankenstein son el fiscal general, algunos parlamentarios asustados con la paz y la verdad, la Corte, que como veleta cambia sus decisiones según los vientos políticos, y el propio Gobierno», subrayó Márquez. Criticó que al Estado «no se le ve la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo, como la Reforma Política, sin la cual no habrían condiciones para el tránsito de la rebelión armada a la política legal». Tildó de «inconcebible que cinco años después del primer acuerdo parcial sobre tierras, éstas no se hayan formalizado o titulado a favor de los campesinos que actualmente las poseen».

Adelantó que seguirá trabajando por la paz y por la reincorporación de los exguerrilleros.