Horas antes de la reunión de la Comisión Sectorial de Inmigración para coordinar el reparto de los más de 8.000 migrantes menores no acompañados en el Estado español, el portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka, reclamó un «mecanismo de distribución de efectivos en el conjunto del territorio español», al considerar que se está produciendo una presencia «desproporcionada», especialmente en Bizkaia, que «requiere atención». A este respecto, la Diputación vizcaina, tal y como recogió Europa Press, ha reclamado reiteradamente que se establezcan cupos por comunidades para su acogida.

A la comisión, que no se reunía desde 2015, acudió en representación del Ejecutivo de Gasteiz la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. La posición del Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu fue avanzada por la mañana por Josu Erkoreka, quien señaló que «habrá que estudiar» la posibilidad de un sistema de distribución y confió en que en los próximos meses «las cuestiones como esta que plantean situaciones de desequilibrio entre comunidades autónomas» y «que exigen un esfuerzo adicional a unos territorios en relación con otros, puedan ir buscando consenso» en los distintos foros con representación del Gobierno español, comunidades autónomas y diputaciones forales.

Según datos del Gobierno español, actualmente son más de 8.000 los refugiados menores no acompañados llegados al Estado. La mayor parte se encuentra bajo tutela en Andalucía, con más de 2.500 menores, seguida de Catalunya (algo más de 1.000) y la CAV (713).

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, recordó ayer antes de la reunión que la competencia en la tutela de los menores es de las comunidades autónomas y anunció que el Estado corresponderá con el Fondo de Integración, con reflejo en las cuentas de 2019.

La Conferencia Sectorial sobre inmigración llegó después de que en los últimos meses organizaciones humanitarias y el propio Defensor del Pueblo alertaran en repetidas ocasiones sobre la desprotección que sufre este colectivo de menores.

Save the Children reclamó ayer mismo un «nuevo compromiso» para el «reparto de responsabilidades» que asegure la protección los menores no acompañados. La organización señaló que actualmente existen «diecinueve modelos distintos de protección de menores», lo que «provoca movimientos secundarios» de niños, niñas y adolescentes, «exponiéndoles a riesgos enormes» y criticó especialmente los procedimientos de determinación de la edad de niños y adolescentes que llegan solos, «que en muchos casos se realizan sin las adecuadas garantías para los niños».

Save The Children, que recordó que «ninguna circunstancia política justifica la desprotección de los menores ni la disminución de los estándares de acogida», agregó que la acogida «debe realizarse cumpliendo con el interés superior del menor y garantizando su derecho a ser escuchado», lo que «incluye la consideración de la posible existencia de parientes u otros lazos familiares o personales de los niños y niñas» a la hora de decidir su destino.

De puertas adentro de la CAV, Josu Erkoreka dijo que la acogida en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «está funcionando bien», que se han habilitado «recursos suficientes» para los migrantes en tránsito, a quienes se suministra «alimentación, descanso y posibilidades de comunicación con su familia».

Sin embargo contradicen al Ejecutivo de Urkullu numerosas denuncias por la falta de desasistencia a las personas migrantes que llegan a Euskal Herria. De hecho, varias organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional y SOS Racismo, exigieron a las instituciones más recursos para atender el aumento de inmigrantes en tránsito que están llegando a Irun. Representantes de AI, SOS Racismo, Helduak, Adiskidetuak, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Stop Deshaucios, Zero Pobrezia, que se han unido en Irun explicaron que decenas de inmigrantes duermen a diario en la estación de Adif y en los alrededores del recinto ferial Ficoba, a lo que se suman las devoluciones en caliente en la muga de que dio cuenta GARA la pasada semana.

Deportado desde Gasteiz

A la precariedad se suma la inseguridad, y en este contexto desde Gasteiz se denunció ayer la deportación de un vecino que llevaba doce años residiendo en la capital alavesa.

Salhaketa-Araba explicó que fue identificado por la Policía Municipal y entregado a la española. A la familia se le dijo en Betoño que iba a ser enviado a un CIE de Madrid, pero dieciséis horas después se supo que había sido deportado a Marruecos.

Asistencia popular en Bilbo frente a las vallas y una reflexión: «¿qué harían nuestros hijos?»

La semana pasada el Ayuntamiento de Bilbo valló el frontón del barrio Errekalde para evitar que personas sin hogar pernocten en este espacio. Ya había sido desalojado, y tras cercarlo, estará cerrado por las noches. Desde el pasado invierno pernoctaba allí alrededor de una veintena de personas, en su gran mayoría jovenes originarios del Magreb. Estos contaban con la ayuda de varias personas y asociaciones del barrio, entre ellas Tanta Elkartea.

Según explicó en una nota Manu Arrue, responsable de paz y reconciliación de la Diócesis de Bilbo y miembro de Tanta Elkartea, que ha estado ayudando a las personas que pernoctaban en el frontón, todo empezó el pasado diciembre, cuando un inmigrante asentado en Uretamendi, viendo a unas personas que dormían en el frontón, bajó con un termo de leche y caldo caliente. Luego se sumaron más personas, creando un grupo que podía asegurar su presencia diaria.

Durante estos meses han contactado con diferentes organizaciones y centros, como CIPs para que pudieran aprender un oficio, entidades sociales donde poder aprender castellano o el SMUS (Servicio Municipal de Emergencias) para conseguir plazas en un albergue y dar una salida a estos jovenes.

Cuando el Ayuntamiento informó de que iba a desalojar y vallar el frontón, tuvieron que buscar una alternativa a contrarreloj, y finalmente Harribide se comprometió a acoger a quince personas.

Arrue destacó que hay «situaciones que piden un cambio de rumbo radical de la sociedad y la administración», por los propios jovenes que llegaban al frontón se enteraron de que la Diputación, al cumplir los 18 años, pone a la mayor parte de los jóvenes que han pasado por los centros de menores en las calles. «Que harían nuestros hijos en un país extraño, sin casa, sin posibilidad de trabajo...?» se preguntó, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de «poner en marcha un sistema público estable de acogida para personas migrantes y refugiadas». Asier ROBLES