El juez estadounidense Dana Sabraw decidió ayer mantener el freno temporal a las deportaciones de familias reunificadas tras su separación en la frontera con México para que los menores puedan solicitar asilo en EEUU. Este freno estará vigente al menos hasta la audiencia convocada el próximo viernes para abordar la cuestión.

Sabraw, a cargo de un caso contra la separación de familias inmigrantes detenidas en la frontera común, se pronunció así en relación con una nueva demanda recién enviada a la corte de San Diego, en California, en nombre de menores que fueron separados de sus progenitores al llegar a la frontera.

En virtud de esta orden judicial, el Gobierno de Donald Trump no podrá forzar a un padre a elegir entre renunciar al derecho del niño a solicitar asilo para que sean todos deportados como familia o aceptar ser expulsado sin el menor para que éste pueda pelear el caso.

«Una nueva separación de la familia» iría en contra de la «orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, que restableció la unidad familiar y abandonó la política de separación de familias, y además agravaría los esfuerzos actuales para reunificar a casi 400 padres que fueron deportados del país mientras sus hijos continúan en Estados Unidos», indicó el juez. El magistrado aún debe resolver sobre la solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para que se conceda el regreso a EEUU de algunos de esos progenitores para la reunificación y que no todas deban realizarse en el país de origen de los involucrados.

La Administración Trump informó el jueves de que aún mantiene bajo su custodia a 565 menores separados de sus padres en la frontera común con México, 24 de los cuales tienen menos de cinco años. Este grupo forma parte de los 2.654 niños que fueron separados de sus familias a consecuencia de la política de «tolerancia cero» hacia la inmigración irregular, pero precisó que en muchos de esos casos los progenitores cuentan con una orden de expulsión.

Los padres de 366 de esos niños –seis de ellos tienen menos de cinco años– ya han sido deportados por lo que los menores serán trasladados con ellos fuera del país o se designará un tutor o familiar en EEUU para que se haga responsable de ellos.

La decisión del juez beneficia también a los progenitores que habían firmado un formulario entregado por el Gobierno para renunciar al derecho de solicitar asilo para sus hijos. Según Sabraw, el documento «no fue diseñado para informar a los padres sobre el derecho de asilo de sus hijos, y mucho menos sobre la renuncia a él». «La ausencia completa de cualquier mención a los derechos de asilo de los niños en cualquiera de estos formularios condena el argumento de los demandados», señaló.

Sessions emite una orden para acelerar las deportaciones

El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, ha emitido una orden para acelerar la deportación de inmigrantes en situación irregular, en la que dice a los jueces de inmigración que solo deberán posponer los casos en los procesos de deportación «por una buena causa».

Lo fundamental para mostrar una «buena causa» es si una persona puede tener éxito en los esfuerzos por permanecer en EEUU, ya sea solicitando asilo o recibiendo algún tipo de visado o permiso de trabajo, según indicó el fiscal general.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció que Washington cierra la puerta a los «inmigrantes desesperados por escapar de la violencia» en sus países de origen. Señaló que Sessions ha «malinterpretado los estándares legales aplicables a solicitar asilo», y así ha dificultado aún más la situación para los solicitantes durante las entrevistas preliminares. La orden de Sessions supondrá un cambio tan radical en el proceso que los inmigrantes que hace unos meses estaban calificados para conseguir el asilo, ahora se enfrentarán a una deportación, añade ACLU.

La orden corresponde a la política de «tolerancia cero» promovida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la separación de niños de sus padres, detenerlos y procesarlos ante cortes de inmigración, sin el acompañamiento de un abogado o un adulto.GARA