Los datos del paro registrado a finales de agosto en Euskal Herria son negativos. Malos sin matices en el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con incrementos superiores en todos los casos al 2%, en contraposición a los de Nafarroa, con una subida de poco más de dos décimas. Es verdad que se trata de un mes tradicionalmente adverso, pues muchos contratos se extinguen con el fin de la época estival, pero este año las cifras son las peores desde 2010, lo que parece añadir un componente estructural a esa valoración estacional. Hay algo aquí que va mal.

No opina lo mismo la consejera de Empleo y Políticas Sociales de Lakua, quien consideró normal el aumento del desempleo y, yendo más allá, casi consideró positivo que la subida haya sido la mayor de la década, arguyendo que el mercado vuelve a mostrar el patrón de comportamiento anterior a la crisis. Beatriz Artolazabal olvida sin embargo que el mercado laboral, ni en términos cuantitativos ni cualitativos es el mismo de hace diez años. La situación de buena parte de las personas que cuentan con un empleo es hoy de una mayor precariedad, con peores sueldos y nula estabilidad, y la de los desempleados es más desesperada, con una protección social menguante. De hecho, la tasa de cobertura ha bajado del 30%, y más de 107.000 personas desempleadas se hallan también desamparadas.

En este sentido, resulta grotesco que Artolazabal centrara su valoración en el descenso del paro de larga duración pero pasara por alto las cifras de afiliación a la Seguridad Social u obviara que, en lo que va de año, y ya es una tendencia consolidada, el 92% de los contratos formalizados hayan sido temporales, con un pico del 93% en agosto. ¿Qué tipo de contratos se firman en este país? ¿Sirven para cimentar una estructura social sólida? ¿Permiten promover proyectos vitales a largo plazo? Esas son algunas de las preguntas a las que debería responder la titular de Empleo antes de dejarse mecer por la autocomplacencia. Porque el papel lo aguanta todo, pero los números son implacables.