Las plataformas de pensionistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se reunieron ayer en Gasteiz para consensuar el manifiesto que se leerá en las movilizaciones del próximo 1 de octubre, lunes y Día Internacional de las Personas Mayores.

Tras el encuentro, facilitaron a los medios el comunicado, en el que se recogen los nueve puntos que resumen las reclamaciones que vienen defendiendo durante todo el año, desde la «defensa del sistema público de pensiones de la Seguridad Social» hasta la exigencia de que se deroguen las últimas reformas y de que se ponga fin a la brecha de género.

«No aceptamos sus disculpas y pretextos, el Estado Español gasta en pensiones 4 puntos menos que el PIB de los países de nuestro entorno. Eso significa 46.000 millones de euros al año», indican más adelante. «El problema es que dicha riqueza está mal distribuida –añaden–, de forma que la brecha entre ricos y pobres crece sin límites. Hay dinero para rescatar a la banca, para invertir en obras públicas faraónicas en las cuales a menudo se despilfarra el dinero y no se respeta la naturaleza. Sabemos que existe la elusión fiscal, los paraísos fiscales, que las grandes compañías pagan muy poco en impuestos, menos que la mayoría de la ciudadanía e, incluso, han reducido significativamente su aportación durante la crisis».

«Muchas somos personas sanas, otras frágiles, y muchas con algún grado de dependencia que necesitan atención específica y asistencia temporal o permanente», comentan a modo de presentación, para a continuación entrar en una polémica que les desagrada en extremo. «Cada cierto tiempo, desde hace dos o tres décadas, los medios de comunicación, haciéndose eco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el FMI (Fondo Monetario Internacional) o fundaciones de bancos como el BBVA, airean que ‘el coste público’ de las pensiones y los servicios para atender a las personas mayores, como son las residencias, hospitales, etc., es desorbitado, imposible de sostener».

Un mensaje interesado que, como apostillan, concluye siempre con «la misma propuesta: recortes y más recortes».

«Cotizando toda la vida»

Para echar abajo esa tesis, recuerdan que las sucesivas reformas del sistema de pensiones llevadas a cabo en el Estado español (2011-2013) «han empeorado los requisitos y las cuantías de las pensiones y no han garantizado su sostenibilidad futura». La sostenibilidad de «unas pensiones logradas con las cotizaciones de toda la vida laboral», subrayan.

Sin olvidar que «el PP vació y desactivó la Ley de Dependencia», el «decretazo sobre el copago farmacéutico» o las dificultades de muchos hogares para poder pagar la luz y el gas.

Por todo ello, las plataformas y movimientos de pensionistas de los cuatro herrialdes reclaman a los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruñea «pensiones dignas desde un sistema público», así como una «mejor atención a la dependencia y los servicios sociales».

En cuanto a las movilizaciones del 1 de octubre, en Bilbo y en Iruñea las manifestaciones comenzarán a las 12.00, mientras que en Gasteiz será a las 19.00. Como ya se anunció previamente, en Gipuzkoa ese día se realizarán actos a nivel local y comarcal, mientras que la manifestación general en Donostia se llevará a cabo el sábado 6 de octubre, a partir de las 17.30.

 

Valerio mete prisa al Pacto de Toledo

La ministra española de Trabajo, Magdalena Valerio, confía en que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo llegue «cuanto antes» a un acuerdo en las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones, advirtiendo de que «el Gobierno legislará» y «espera no tener que hacerlo por decreto ley». En una conferencia organizada por Nueva Economía Forum, la ministra comentó que, tras la suspensión de la reunión del Pacto de Toledo del miércoles, espera que «cuanto antes se retomen las tareas». El acuerdo debe incluir recomendaciones que aseguren la suficiencia del sistema.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, precisó que el Gobierno del PSOE no se plantea ningún decreto ley y confía en lograr un consenso político –en el Pacto de Toledo– y social –en el Diálogo Social con patronal y sindicatos–. Dijo que en el Pacto de Toledo hay «unanimidad» en fijar el IPC como elemento troncal de la subida, pero con «excepcionalidades» en función de la situación económica de cada momento. GARA