Anteayer la lehendakari de Nafarroa, Uxue Barcos, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acordaron el traspaso a la Comunidad Foral de la competencia en tráfico y seguridad civil. Se trata de una reivindicación histórica –desde que el franquismo la arrebató en 1962–, que ha sido apoyada en el Parlamento en repetidas ocasiones por todas las fuerzas políticas.

La primera consecuencia es que las multas de tráfico serán ingresadas directamente por la Hacienda Foral, unos 12 millones de euros anuales. La segunda, y más importante, es que alrededor de 200 plazas de guardia civil que se adscriben a la gestión del tráfico desaparecerán. Pero los datos sobre tráfico han sacado a la luz otros –que hoy publica GARA–, más generales sobre la presencia de la Guardia Civil en Nafarroa y que merecen una reflexión. Este cuerpo policial mantiene un amplio despliegue por todo el herrialde que no se corresponde con el servicio que ofrece: 53 cuarteles, siete veces más que los de la Policía Foral, pero dos de cada tres cuarteles solo dan servicio por las mañanas. Además, la Guardia Civil rechaza casi el 50% de los requerimientos de ayuda que le hace la Policía Foral, mientras que en sentido contrario, esta atiende dos de cada tres que le hace la Guardia Civil. Los sucesos de Kaseda muestran su desidia y falta de profesionalidad. Los de Altsasu su odio a la población y su victimismo. En este contexto, la pregunta que surge es, ¿a qué responde el amplio despliegue de la Guardia Civil? A tenor de los datos, no a razones de orden público o de servicio a la comunidad; todo apunta a que la función básica de semejante despliegue es marcar el territorio con su presencia.

La Guardia Civil en Euskal Herria es cuestionada por la mayoría y por diferentes razones. El traspaso de competencias a la Policía Foral ha puesto de nuevo en evidencia la debilidad de los argumentos que justifican su presencia. Ahora más que nunca, es hora del repliegue.