Kanaky-Nueva Caledonia seguirá siendo, de momento, un archipiélago bajo soberanía francesa. Así lo decidió ayer un 57% de los habitantes de estas islas del océano Pacífico. Un resultado mejor del previsto para el soberanismo, al que se auguraba una amarga derrota. Todo un acicate para encarar los otros dos plebiscitos previstos en los acuerdos de Matignon (1988) y Noumea (1998), que encaminaron por vías democráticas el proceso de autodeterminación de la colonia, de cuyos habitantes cerca de un 40% son kanakos.

El otro 60% se reparte a partes prácticamente iguales entre los caldoches descendientes de europeos –la mayoría franceses– y los habitantes originarios de otros países asiáticos y africanos. Una composición heredera de un sistema colonial que condiciona irremediablemente el ejercicio de la autodeterminación, igual que la agria polémica sobre el censo electoral. Un aspecto que, evidentemente, será necesario afinar para las próximas citas.

Pero junto a estos elementos, recurrentes en procesos de descolonización clásicos, el caso kanak contiene también elementos similares a los observados en otras tentativas de autodeterminación fuera del esquema de la descolonización. Desde el miedo como principal argumento del No, al consecuente –y quizá todavía insuficiente– esfuerzo del Sí por seducir aquella franja de población susceptible a dichos temores. Cuestiones que el independentismo tendrá tiempo de abordar antes de afrontar un segundo referéndum, que lo habrá más pronto que tarde. Porque si algo demuestra el caso de Kanaky –y no es cuestión menor que París así lo empiece a entender, aunque sea con un territorio a miles de kilómetros de la metrópoli– es que toda reivindicación autodeterminista de calado, heredera o no de los procesos de descolonización, tiene una única salida democrática: aquella que pasa por las urnas. Una salida que, lejos de dividir a la sociedad, la pone a hablar consigo misma, como ha demostrado estos meses Kanaky.